A dos meses de iniciado el plan de lucha del sindicato de empleados judiciales (Sejun), los efectos de la medida repercuten fuerte en la estructura del Poder Judicial que está casi paralizada. El sector busca una recomposición salarial para el segundo semestre del año, que por mandato de asamblea es del 35 por ciento. En tanto, la mesa negociadora que representa al Tribunal Superior Justicia (TSJ) argumenta una merma en la Coparticipación Federal que no les permite dar los incrementos. Mientras las partes mantienen firme su postura, ya se evidencian los primeros daños colaterales.

En particular, en el Registro de la Propiedad Inmueble, los gestores y vecinos hacen colas 14 o 16 horas antes para obtener uno de los 20 números que se entregan por día y que habilitan a la persona a realizar cuatro trámites. Esta situación derivó en “aprietes a funcionarios” para que resuelvan el tema rápidamente y, según el presidente del Colegio de Abogados de Neuquén, Carlos Arias, “hay venta de números por un valor de 200, 300 y hasta 500 pesos a través de los denominados 'coleros'”, quienes llevan gente a hacer fila al organismo para obtener más de un número y después ofrecerlos a quienes están esperando.

Problemas

“Es una situación insostenible porque hay personas necesitadas de hacer un trámite y terminan pagando por esto. Aunque el valor sea de tres pesos es una situación irregular que no debería pasar”, sostuvo Arias.

La información fue ratificada por un empleado del Registro de la Propiedad que dejó su testimonio a La Mañana de Neuquén.

“Viene una persona, me pide un número y se lo tengo que dar porque no puedo comprobar que está en sintonía con otro, o que es amigo de un colero”, dijo el empleado y agregó: “Que quede claro que nosotros no tenemos nada que ver con el tema. Estamos con medidas de fuerza y nos hacemos cargo de eso, pero no de lo que pasa afuera entre la gente o los gestores”.

La persona contó que, por esta situación, “un reconocido gestor le rompió el vidrio del auto a la directora del registro enojado por no poder hacer los trámites”.

Por su parte, una gestora de la ciudad expresó que al registro tiene que ir a la tarde del día anterior y turnarse con colegas para poder tener un número.

“Tengo 70 años y no puedo estar todo el día haciendo una cola, pero tampoco puedo perder el trabajo porque de lo contrario no cobro. Cada gestor es leal a su escribanía y hace todo el esfuerzo para realizar los trámites. Pero así no podemos seguir”, manifestó la gestora Amanda Machado.

Incluso el viernes pasado el Colegio de Abogados presentó un recurso de amparo en el Juzgado Laboral Tres, a cargo de Pablo Trani, que fue rechazado por ser considerado inadmisible.

Otro de los sectores que mostró su descontento con la situación fue la Asociación de Magistrados de Neuquén, que a través de un comunicado de prensa solicitó a las partes “que antepongan el bien común en pos de arribar a una solución satisfactoria que normalice y restablezca el servicio de justicia”.

Medidas paliativas

El Tribunal Superior de Justicia no es ajeno a esta situación y por eso constituyó, hace dos semanas, un comité de crisis para atender las urgencias en los distintos fueros y ordenar en parte el sistema judicial.

“La idea es atender los derechos fundamentales en cada fuero porque cada uno puede tener emergencias”, dijo la secretaria de superintendencia del Poder Judicial, Isabel Van der Walt.

Respecto a los cambios, el TSJ, por acuerdo 4932, dispuso que las mesas de entradas del Fuero Civil, Laboral, Ejecutivos y Familia de la I Circunscripción Judicial tendrán nuevos horarios de atención de 8 a 12. La medida no alcanza a la Oficina de Admisión y Derivación de Trámites como tampoco al sector audiencias de la mesa de entradas de Familia que recibe denuncias de violencia familiar.

“La unificación del horario de atención (antes era hasta las 14) tiene como finalidad posibilitar que los funcionarios abocados a las labores cotidianas puedan efectuar la búsqueda de escritos prioritarios, su pase a despacho y luego que éstos puedan ser proveídos”, dice el acuerdo.

Van der Walt aclaró que los funcionarios no van a hacer el trabajo de empleados.

“Cada día verán qué trámites entran para dar prioridades y atender los urgentes. No es la idea cubrir con funcionarios porque no queremos menoscabar las medidas de fuerza”, aseguró.

En su evaluación, el comité entendió que todo lo ingresado en admisión es prioritario, por ende “se planteó la necesidad de proveer de un contraturno, a fin de efectuar lectura de denuncias y encuadrarlas y que las Defensorías Oficiales y el Servicio de Orientación Jurídica canalice debidamente la demanda espontánea, a fin de que los justiciables no recurran como última ratio a los juzgados de familia”, informó la comisión.