No hubo relevamiento de pueblos indígenas y la ley vence en 2013

El relevamiento de comunidades originarias y la delimitación de sus territorios fue estipulada en la Ley nacional Nº 26.160, en la provincia de Salta es poco lo que se hizo y la normativa vence el 23 de noviembre de 2013.
La situación ha motivado la preocupación de los senadores provinciales por lo que el jueves último se aprobó un Proyecto de Declaración por el cual se solicita al Poder Ejecutivo Provincial y a los legisladores nacionales por Salta, propicien ante la Nación la prórroga de la vigencia de dicha ley y se arbitren los medios necesarios para que se lleve a cabo tal trabajo que beneficiará a los grupos indígenas que se encuentran en distintas zonas del extenso territorio provincial. La citada ley prevé el relevamiento territorial mediante el Programa de Adjudicación y Regularización dominial de Tierras a la Población Aborigen (PRATPA) y es financiado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

REDACCIÓN

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La iniciativa legislativa es de autoría de los senadores Telmo Salva (La Poma), Héctor Mamaní (San Carlos), Santiago Payo (San Martín), Bernardo Soriano (Los Andes), Walter Cruz (Iruya), Francisco Maita (Molinos), Ernesto Guanca (Guachipas) y María Pastrana (La Candelaria), todos del bloque del PJ, y en ella expresan que la finalidad del proyecto es poner en protección permanente a las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo y el medio ambiente de los pueblos indígenas.

Expresan que "es evidente que hasta que no se cumplan con las medidas ordenadas por la ley, será difícil garantizar a los pueblos indígenas un auténtico reconocimiento de su identidad cultural y el consiguiente respeto por sus derechos. Mientras tanto, con promesas y disimulos, no se podrá impedir las violaciones a sus derechos que se reiterarán todo el tiempo".

Advierten que "la responsabilidad de la aplicación de la Ley Nº 26.160 recae en el Poder Ejecutivo y muy especialmente en el Poder Judicial, al igual que la prórroga establecida mediante ley 26.554. Dichas normativas son de orden público y por ello hace rato tendrían que haberse suspendido, todos los actos administrativos y judiciales que tengan como objeto desalojar a los pueblos indígenas de su territorio".

Se avanzó en las normas para atender las demandas de los pueblos originarios a nivel nacional y esto favorece a las ocho etnias de la zona del Chaco salteño, sumado a los kollas, a los diaguitas, pero en la práctica dista aún mucho de ser realidad.

NBI y desempleo

Los senadores en los fundamentos sostienen que los organismos de la ONU desde hace más de una década, advierten que es demasiada lenta y llena de dificultades la transferencia de tierras a los pueblos originarios. "Los territorios donde se asientan los pueblos indígenas son las áreas con mayor índice de necesidades básicas insatisfechas y que los índices de desempleo y de pobreza han aumentado como resultado de la crisis económica, por lo que se recomienda al Estado que tome medidas para aliviar esta situación".

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