Por haber transgredido la ley podrían haberle causado al Estado una pérdida de $ 800.000. Sin embargo, tres funcionarios fueron castigados con una multa equivalente a cinco sueldos. Es decir, en el mejor de los casos, el castigo no superará los $ 45.000 para cada uno de los sancionados.

Así lo dispuso el Tribunal de Cuentas (TC), en un lapidario informe (Acuerdo 990) referido al caso "Funsal", que concluye con castigos para el ministro de Salud, Pablo Yedlin, para el ex secretario ejecutivo médico del Siprosa, Alberto Sabaj (actual subsecretario del área); y para el director de Recursos Humanos Daniel Alvarez Garmendia.

Las sanciones fueron dispuestas en el marco de la comprobación sumaria iniciada tras las irregularidades detectadas en la firma de un convenio por $ 800.000 entre el Siprosa y la Fundación Salud (Funsal), que dictó cursos a odontólogos y a auxiliares durante 2009. El problema, tal como lo advirtió el Tribunal de Cuentas al momento de frenar el pago autorizado por Yedlin, radica en que el expediente presentaba "serias irregularidades administrativas y transgresiones legales".

La lista de observaciones es extensa. Principalmente, al TC sorprendió la incongruencia entre la fecha de los actos administrativos. En rigor, se cuestiona que el inicio de los cursos sea anterior (mayo), a la propia creación de la fundación responsable de su dictado (julio) y a la firma del convenio oficial (agosto).

En las pesquisas, el órgano de control constató que los integrantes de Funsal, con excepción del profesional chileno Héctor Silva Olivares, son empleados del Siprosa (tal como lo había adelantado LA GACETA el 12 de marzo). Aún más llamativo es que Luis Francisco Chincarini, Christian Guillermo Cúneo, Pedro Eusebio Sisali y Julio Walter Fernando Paz reconocieron en sus testimonios que sólo firmaron el acta fundacional, que su participación en la fundación fue mínima y que desconocían si la fundación que ellos crearon dictó o no los cursos por los que facturó $ 800.000 al Siprosa.

Otro elemento que consignó el tribunal es que, de los testimonios recogidos por los asistentes, los cursos tuvieron un traumático desarrollo y, en el caso del referido a endodoncia, quedó trunco. Incluso, que no hubo profesores, sino tutores a cargo de grupos de autoaprendizajes que, a la vez, eran también estudiantes.

El ente de control también tomó declaración al ministro Yedlin. Este, por escrito, respondió que no autorizó personalmente la realización de los cursos. Incluso, delegó la responsabilidad en el director de Recursos Humanos (Alvarez Garmendia). Coincidentemente, el 19 de mayo pasado, dos días antes de que el Tribunal de Cuentas firmó el Acuerdo sancionatorio, el propio Yedlin rubricó una resolución mediante la que dejó sin efecto la cuestionada resolución 406/09 -por él firmada- de pago a la Fundación Salud.