El pasado martes 9 "venció el plazo de impugnación a las solicitudes de verificación de créditos. Ahora, la Sindicatura se tiene que abocar a la tarea de hacer un informe individual sobre cada una de las presentaciones, que en el mes de mayo deberá elevar a la jueza", María Gabriela Tepsich, describió Laste. En las últimas horas, sin embargo, la Sindicatura envió una lista a la magistrada con todas las impugnaciones, cuyo detalle no se dio a conocer.

El letrado, que representa a un grupo de los damnificados por la cesación de pagos de la firma crespense, narró que en las tres impugnaciones que hizo (por un monto cercano al millón de pesos), observó falta o presentación fuera de término de documentación para verificar el crédito e incompatibilidades entre acreedor y deudor.

Laste reconoció que hubo casos en los cuales acreedores de la firma se presentaron ante la Sindicatura patrocinados por abogados cercanos a Waigel. "Cada uno es libre de elegir el profesional a quien se le encarga el trámite. Llegó a mi conocimiento, extraoficialmente, que había personas que trabajaban con la deudora a los cuales la gente les ha confiado la verificación de crédito. Lamentablemente, eso no está prohibido por ley", reflexionó.

El abogado también opinó sobre la situación en que puede quedar la causa en las próximas semanas si, como está previsto, el abogado de Waigel Ángel Luis Moia, quede al frente del Juzgado donde precisamente se tramita el concurso, lo que motivaría el giro del expediente a otro tribunal. "En principio, es una pena porque la juez Tepsich iba conociendo los pormenores de la causa y tenía conocimiento de las actividades del síndico. Al pasar a otro juez, este va a tener que adentrarse en el caso, que es bastante grande y complejo. Seguramente le llevará un tiempo prolongado analizar todo el expediente".

De igual manera, evaluó que no se dilatarán los plazos dispuestos por Tepsich debido a que por ahora el trabajo principal lo está haciendo la sindicatura.

Waigel entró en convocatoria de acreedores en octubre del año pasado, al no poder afrontar sus compromisos con quienes compraron materiales de construcción por anticipado o depositaron dinero en efectivo. Las presentaciones reclamando acreencias sumaron 48 millones de pesos.