Las estadísticas no abundan en la Argentina, por eso las relevadas por la llamada "Comisaría de la Mujer" en la capital provincial ayudan a entender este flagelo. De acuerdo a las causas que se trataron el año pasado, la Unidad Funcional tuvo que intervenir en 752 casos. De esos, 85 implicaron la detención de una persona por ejercer violencia de género.

En tanto, hubo 648 intervenciones del equipo técnico y se realizaron 908 citaciones, o sea 2,5 citaciones por día. Además se tramitaron en esa unidad policial 1.393 expedientes, 194 correspondientes a la Ley 1918 de Violencia de Género.

Algunos datos nacionales indican que desde 2010 aumentó 60 por ciento la cantidad de casos que llegan a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un informe del Observatorio de Femicidios, de la ONG Adriana Marisel Zambrano, indica que cada día en el país una mujer muere víctima de la violencia de género. Paradójicamente, el hogar familiar es el lugar más peligroso para las mujeres, y sus propias parejas o ex parejas, los principales agresores.

Para unificar las estadísticas y dar cuenta de este flagelo, el gobierno nacional puso en marcha a partir del 1º de enero de este año un Registro Unico de Violencia contra la Mujer, donde se centralizará la información de las denuncias que se realicen ante organismos públicos en todo el país, con el objetivo de conocer la dimensión del problema. El anuncio fue realizado en noviembre en forma conjunta por las titulares del Indec, Ana María Edwin, y del Consejo Nacional de las Mujeres, Mariana Gras Buscetto.

La elaboración de estadísticas oficiales sobre violencia de género es una deuda en la Argentina. Los comités que monitorean la implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar Y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como de Belem do Pará) y de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (Cedaw, por su sigla en inglés), vienen reclamándole al gobierno por la ausencia de datos confiables sobre este flagelo. También es un pedido histórico del movimiento de mujeres y una obligación del Estado, de acuerdo con la Ley 26485, de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, sancionada en 2009.