La decisión fue adoptada por la Sala II de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal, que ratificó así el fallo del juez Norberto Oyarbide que había considerado que no hubo delito en aquella maniobra.

Redrado había presentado una acción penal contra los responsables de haber dispuesto que se impida su ingreso al Central a partir de la decisión del vicepresidente de esa institución, que asumiera la Presidencia de la entidad "en violación a lo dispuesto por el artículo 13 de la Carta Orgánica".

"En este escenario, y sin que el presente análisis implique abrir juicio alguno en torno a las particularidades que rodearon el desplazamiento de Pérez Redrado del cargo -aspecto ajeno al objeto de esta investigación-, resulta claro que los sucesos reputados como ilícitos son el resultado de un derrotero jurisdiccional sobre cuyos alcances no puede expedirse esta sede, corriendo igual suerte las decisiones administrativas adoptadas a consecuencia de la interpretación que de sus efectos se efectuara", dijeron los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah.

Sobre esto último, "cuadra agregar que la postura que esgrime la recurrente sobre lo que, entiende, debe ser la correcta exégesis del fallo aludido -núcleo de su crítica y del cual hace derivar la ilegitimidad de lo actuado con posterioridad- resulta inoficiosa a los fines de evaluar la viabilidad de la acción penal deducida a la luz de los antecedentes reseñados, siendo dable concluir que los hechos, tal y como han sido denunciados, no evidencian la comisión de conducta ilícita alguna susceptible de reproche penal", agregaron.