Ningún banco ni organismo financiero presentó oferta alguna para prestarle a la Provincia hasta 200 millones de pesos, tal el monto máximo de la licitación pública lanzada para obtener en el mercado financiero fondos que permitan dar continuidad y ejecutar obra pública.

Ayer a las 11, la comisión de preadjudicación -integrada por técnicos de la Oficina de Crédito Público, Fiscalía de Estado y Asesoría General de Gobierno- tuvo que declarar desierta la convocatoria, habida cuenta de que no ingresó ninguna oferta formal para financiar al Estado provincial.

La falta de ofertas sorprendió, porque al menos dos bancos -el Banco Patagonia y el Nación- habían hecho consultas formales y habían explicitado su interés en presentarse en la puja por el crédito público, pero finalmente no concurrieron.

El subsecretario de Finanzas, Ángel Osman, intentó explicar las razones de la falta de ofertas. "El mercado financiero es un mercado volátil y los bancos analizan esto y determinan, en función de la coyuntura, presentarse o no. Lo que pasa es que el préstamo era a largo plazo, a 60 meses, con 12 meses de gracia para el pago de capital, donde nosotros amortizábamos los intereses de ese año. Entonces, es un préstamo de largo plazo que para los bancos es una decisión complicada y su análisis debe estar vinculado a la coyuntura y a las perspectivas a futuro", señaló el funcionario.

De todos modos, dijo que Hacienda analizará la conveniencia, oportunidad y los tiempos administrativos para definir si convocan a un nuevo llamado para obtener el financiamiento. Aunque se especulaba con que el hecho de que hubiera sido declarado desierto el concurso podía habilitar a una contratación directa del empréstito, desde Hacienda aseguraron que deben volver a hacer un llamado público.

La Legislatura autorizó, a fines de 2009, a la Provincia a tomar un crédito de hasta 200 millones, pero tal crédito debe ser contraído hasta fin de año, de lo contrario, vence esa autorización y habrá que gestionar un nuevo aval legislativo.

Pese a la falta de ofertas, Osman remarcó la necesidad de obtener tal financiamiento para invertir en obras públicas incluidas en el presupuesto 2010.

En el análisis del funcionario, la cláusula que establecía que el desembolso del total del préstamo debía hacerse 24 horas después de la firma del contrato no pudo haber conspirado contra la presentación de ofertas puesto que, destacó, el máximo del préstamo era por 200 millones y cualquier entidad financiera interesada podría haber presentado ofertas por montos menores que no pusieran en aprietos su capacidad de financiamiento.

La contratación del crédito público había sido decidida por el Gobierno para ejecutar y dar continuidad a obras en materia de salud, educación, vial, seguridad y servicios públicos que están paralizadas o que aún no pudieron ser iniciadas por falta de fondos.