El juez Daniel Tobares procesó a 15 de los ocupantes de las viviendas pertenecientes al plan de House Vial y les ordenó abandonarlas en un plazo de diez días.

En caso de no acatar la decisión, se les aplicará una multa (astreintes) de 50 pesos por día. La medida entrará en vigencia en un plazo inmediato teniendo en cuenta -y según informaron fuentes judiciales- que la mayoría de las personas que ocuparon ilegalmente el predio son trabajadores estatales, por lo que la Fiscalía de Estado ya fue notificada de las actuaciones.

La medida recayó sobre los primeros 15 ocupantes de las viviendas construidas por la empresa Srur y Srur, que se levantaron en calle Gadano al 3.100.

Según el auto de procesamiento, los hechos se sucedieron el 24 de junio y el 3 de julio cuando Hilda Sampieri, Stella Valenzuela, Betiana Ariino, Gustavo Drinovac, José Marcaccio, María Di Pabla, Víctor Camu, Claudia Reyes, Roberto Guevara, Ana Yane, Julián Vallejos, Paola Romero, Cristian Durán, Fabián Solano y Pablo Perich, ingresaron a las viviendas donde más de 600 personas fueron estafadas y esperaban la adjudicación de esa primera parte del plan.

En todos los casos el juez tuvo como elemento el relato efectuado por el personal de la Comisaría Tercera quien actuó en la primera toma cuando más de 200 personas irrumpieron en el predio. Sin embargo en ese momento sólo se constató que cinco habían ingresado a las casas sin ejercer violencia. Con el paso de los días el número de ocupantes se fue incrementando hasta que finalmente se tomaron las 87 casas. La primera etapa de la investigación estuvo a cargo del titular del Juzgado de Instrucción 4, Daniel Tobares, mientras que el resto de las ocupaciones se tramitan en el Juzgado de Instrucción 2, a cargo de Rubén Norry.

"Los imputados decidieron ocupar ilegítimamente las viviendas, cuando estaba en trámite de un proceso de adjudicación en estado avanzado, existiendo otro numeroso grupo de personas que tenían derecho a que se les adjudique los inmuebles que usurparon", dijo en uno de los párrafos el magistrado, quien aclaró que "estas conductas son inadmisibles en un Estado de Derecho, pues la idea de Justicia supone seguir los caminos constitucionales...".

Tobares los intimó a dejar las instalaciones en un plazo de 10 días, de lo contrario podrían incurrir en el delito de desobediencia. Dispuso además la aplicación de una multa de 50 pesos diarios por el incumplimiento de la medida.

En referencia a las otras tres personas que fueron indagadas, Daiana Sánchez, Andrea Villegas y Rafael Perich, el juez los intimó a prestar declaración indagatoria bajo apercibimiento de ordenarse su detención.