Una clara muestra de ello fue el atroz crimen que ayer tuvo lugar en nuestra ciudad, donde una mujer fue brutalmente asesinada en su casa, frente a sus dos hijos, menores de edad, porque se resistió a entregar 900 pesos. Anoche, los responsables de este sangriento hecho ni siquiera habían podido ser identificados por la Policía (ver Trama Urbana).

En reiteradas ocasiones, en las páginas de este diario se ha señalado que la Policía bonaerense lejos está de ser una fuerza profesionalizada. Se están pagando las consecuencias de años de desaciertos, de nefatas reformas en materia de seguridad, como la que fue introducida por el inefable León Carlos Arslanian, más interesado en los negocios que en combatir el delito.

Insólitamente, este personaje, a través de los medios de difusión financiados por la pauta oficial del Gobierno nacional, ahora se atreve a dictar sentencias y hacer críticas por los errores cometidos en el caso Candela, como si él no hubiese tenido nada que ver con la falta de profesionalización y el desguace de la fuerza policial. Sólo hay que recordar que, en los últimos meses de su gestión, ocurrió el triple crimen de policías de la planta transmisora en La Plata, que aún sigue impune.

En uno de esos diarios, que tanta prensa le hace Arslanian, también se viene realizando furibundas críticas al periodismo por lo ocurrido con el caso Candela, como si el poder político, que financia ese periódico, no tuviese nada que ver. La estrategia parece ser, una vez más, la de matar al mensajero que lleva las malas noticias. Y así tener el camino libre para poder difundir el pensamiento único, el que emana desde la Casa Rosada y que refleja sin medias tintas ese mismo periódico, donde trabaja el periodista Horacio Verbitsky, quien ya fue bautizado como “el ministro sin cartera” por ser el instrumento que utilizan los sectores más kirchneristas del Gobierno para operar políticamente y bajar línea. Lo hacen al mejor estilo del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, quien durante treinta años utilizó los medios oficiales de su país para defenestrar a opositores, premiar a los más leales y castigar a los funcionarios de su propio gobierno que dejaban de tener su confianza.

¿Qué culpa tiene el periodismo independiente de la ineficacia, de la falta de profesionalización y de los nichos de corrupción enquistados tanto en la Policía bonaerense como en la Federal? En todo caso, ¿la presidenta Cristina Kirchner no debería haber dado algún tipo de explicación por haber recibido a la madre de Candela, cuando ahora se conoce que varios integrantes de esa familia estarían involucrados con grupos mafiosos y hasta con el narcotráfico? ¿Tan ineptos son los servicios de inteligencia de las fuerzas de seguridad que no advirtieron de la situación a la primera mandataria, antes de conceder la audiencia? ¿O será que esa ineptitud, en realidad, forma parte de los estrechos vínculos que podrían existir entre sectores de esas fuerzas de seguridad y distintas organizaciones delictivas? Por lo pronto, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, ni siquiera dijo una palabra sobre el caso que conmocionó al país.

La responsabilidad política también le atañe al gobierno provincial, especialmente al ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, que estuvo a la cabeza del fracasado operativo que se montó para dar con el paradero de la niña. Y hasta tomó insólitas medidas, como hacer dormir a los casi dos mil agentes que formaban parte de los operativos de rastrillaje en un solo lugar, mientras el o los responsables del crimen de Candela se mofaban y dejaban en ridículo a la fuerza policial. Un claro ejemplo fue que los autores del crimen no tuvieron ningún inconveniente a la hora de arrojar el cadáver a plena luz del día en un terreno baldío, para que fuera encontrado por una ciruja que estaba revolviendo basura.

Además, las autoridades políticas, judiciales y policiales trataron a la madre de la niña como si fuese una doncella, cuando lo que debería haber hecho era investigarla a fondo tanto a ella como a su entorno, incluido su marido y expareja, ambos presos por delitos relacionados con la piratería del asfalto y el narcotráfico. ¿Acaso tampoco hay policías infiltrados en ese submundo, capaces de desentrañar los códigos mafiosos que se pusieron de manifiesto en este caso? Si ello hubiese ocurrido, quizás se hubiese podido salvar la vida a Candela, que es la única victima de todo este asunto.

También existe un alarmante retraso de equipamiento en las fuerzas de seguridad. Los avances tecnológicos han permitido desarrollar instrumentos que podrían ser de gran utilidad en todo lo que atañe a la búsqueda de personas, especialmente cuando se trata de secuestros de carácter extorsivo. Pero es evidente que la Policía está retrasada en comparación con las mafias y el crimen organizado, que opera a lo largo y ancho de la Provincia. Por eso, lamentablemente, puede haber otras Candelas en caso de que no comiencen a vislumbrarse cambios radicales en la política de seguridad.

Nada indica que haya una decisión política de ir en esa dirección. Por el contrario, aún no ha renunciado nadie de la Policía, de la Justicia (que en gran parte también responde al poder político, con los manejos turbios que desde hace años se viene registrando en el Consejo de la Magistratura bonaerense) ni del gobierno provincial, ante tamaño escándalo. Todo sigue igual...