Seis años tuvieron que pasar para que los militares finalmente afronten el proceso judicial en el cual se ven inmersos y se sienten en el difamador banquillo de los acusados. La razón, es inexcusable dentro de un proceso democrático como el que vivimos en la actualidad: escuchas ilegales, recolectar información sin autorización e imprimirle valoraciones peligrosas que nos remiten a la trágica etapa dictatorial por la que pasó nuestro país. “Marxistas”, “judíos”, ”musulmanes”, “de izquierda”, son algunas de las anotaciones realizadas por los 14 imputados para referirse a turistas, periodistas, políticos, estudiantes y líderes sindicales. Como si fuera poco, los fichajes de esos archivos se realizaron tal cual lo hacían los militares de los gobiernos de facto.

En perspectiva

El 17 de marzo del 2006 se realizó una denuncia propiciada por el Centros de Estudios Legales y Sociales (CELS) fundamentada en el testimonio de Carlos Alegre, uno de los militares que se negó a realizar tareas de inteligencia de manera ilegal. Seis años y diez días después, Alegre por fin se sentó en el banco correspondiente a los testigos y contó su versión ante el Juez Guanziroli. Allí contó que mientras realizaba sus tareas dentro de las Fuerzas Armadas, decidió además instruirse en la carrera de abogacía. Esto de alguna manera le causó un conflicto porque comenzó a entender que ciertas órdenes que se impartían en la Base Almirante Zar eran adversas a las contempladas por la Constitución Nacional. Ingenuamente, explicó a sus superiores este conflicto legal y esperó que ellos modifiquen su conducta. Sin embargo, nada más alejado. Los camaradas lejos de atender su reclamo comenzaron a evitarlo, a hacerle el trabajo más difícil, a desconocerle ciertos derechos. En fin, a presionarlo. “No me podían castigar tan fácil porque yo era un oficial de cuadro y no un ingresante”, advirtió Alegre.

Uno de los tantos datos anecdóticos de la causa fue que, luego de las denuncias y su posterior allanamiento dictado por el Juez Jorge Pfleger, se capturó una hoja con un dibujo realizado por Alegre donde le graficaba, en diferentes reuniones con sus superiores cómo deben interpretarse ciertas leyes. En este caso, el motivo fue “la pirámide de Kelsen” que es una herramienta que sirve para entender el peso de las normas.

Los espiados

Entre las víctimas del espionaje figuran políticos de las altas esferas provinciales y nacionales. Das Neves, Nilda Garré, el recientemente fallecido y defensor de los derechos humanos Eduardo Luis Duhalde, prácticamente la totalidad de los intendentes de Chubut, entre ellos Horacio Gómez. Sobre ese hecho puntual los militares afirmaron: “Se ha tomado conocimiento que está padeciendo una enfermedad terminal (cirrosis hepática) y que según algunos facultativos le quedarían seis meses de vida”.

Como si fuera poco, la lista de espiados es interminable: periodistas, (entre ellos Luis Pope, del cual dijeron que es de “izquierda”), sindicalistas, estudiantes, militantes, (entre ellos Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo) e incluso turistas. En la causa se desprende cómo persiguieron de incógnito a ciudadanos iraquíes y musulmanes tan sólo por “portación de rostro”, como confesó un testigo.

Los acusados uno por uno

Los acusado por parte de la Base Almirante Zar son el vicealmirante Eduardo Luis Avilés, los contraalmirantes Pablo Carlos Rossi y Luis De Vincenti; los capitanes de navío Jorge Alberto Janiot, Gustavo Leopoldo Ottogalli, Carlos Daniel Vázquez, Carlos Ruda y Félix Medici; los capitanes de corbeta Eduardo Omar Merlo, Cristian Andrés Vidal y Gustavo René Monzani; el suboficial principal Alfredo Luis Andrade, el suboficial primero Vicente Claudio Rossi y el suboficial segundo Daniel Vicente Guantay.

Sin embargo, el juez federal Daniel Rafecas, en la Capital Federal, procesó al almirante Jorge Godoy, ex jefe de la Armada, y a Benito Rótolo, su vicealmirante, por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

La defensa, en su momento, pretendió que sus representados pasen a una causa unificada con aquellos acusados, para dilatar aún más el procedimiento. Sin embargo, el juez Guanziroli desestimó el pedido y le dio curso al proceso judicial. Entre otras cosas la imputación se refiere a supuestas acciones cometidas en su asiento natural y no en la Ciudad de Buenos Aires.

Uno de los imputados ya estuvo imputado en una causa similar, aunque consiguió la absolución. No obstante, la reiteración de esta conducta podría agravar su condena

Los testigos

Podemos dividir a los testigos en tres grandes grupos: los peritos técnicos, que dan cuenta de la situación de manera profesional por ejemplo cómo se capturaron los archivos informáticos; los testigos directos, en este caso los imputados, quienes decidieron no hacer declaraciones, y las víctimas militares, Carlos Alegre y Luis Alberto Sánchez; los testigos indirectos, en su mayoría propuesto por la defensa.

Los peritos favorecieron a la querella puesto que fortalecieron la evidencia que compromete a los espías. Alegre dio un testimonio claro y convincente. A favor de la defensa es la negativa de Sánchez de declarar, salvo por teleconferencia, situación aún no resuelta por el Juez Guanziroli.

La defensa pidió la opinión de militares expertos en Inteligencia, aunque esa jugada fue contraproducente. La idea de los letrados era intentar justificar que el espionaje no era más que “información suelta” pero cuando los altos mandos se hicieron de los expedientes, en plena declaración, confesaron que había ilegalidad en las tareas de inteligencia.

La querella y la defensa

En definitiva, a luz del material incriminatorio y las declaraciones de los testigos, es prácticamente inevitable sugerir cualquier otra hipótesis que no sea la relacionada al espionaje ilegal. La labor de la querella es más aceitada, muy superior y la estrategia se aboca a resolver el conflicto. En cambio, la defensa hasta intentó plantar pruebas fraudulentas, buscó dilatar el proceso y se aboca, en realidad, “a patear la pelota afuera de la cancha”.

La puja de las partes, a partir de la novena audiencia, apuntará a la condena. El castigo, en caso de que las acusaciones sean comprobadas, oscila hasta los dos años de prisión y el doble de inactividad de los cargos. “Esperamos una condena ejemplar”, advirtió el abogado querellante, Rodrigo Borda.