Después de casi un año, la vista para que se investigue porqué el Banco de La Pampa pagó los 267 cheques que permitieron que se cometiera un fraude contra el Estado pampeano por más de 600.000 pesos, llegará a manos de un fiscal. Fuentes tribunalicias confirmaron que desde la Cámara en lo Criminal 1 se lo enviarán en los próximos días al titular de la Fiscalía 2, Fernando Gabriel Rivarola.

El 21 de octubre del año pasado, la Cámara 1 condenó a Flavia Lorena Peñalva, ex empleada en negro del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda, por los delitos de fraude agravado en perjuicio de la administración pública, falsificación de instrumento privado y falsificación de cheques oficiales, porque a través del cobro de esos 267 documentos defraudó al Estado provincial en 624.260,42 pesos. En esa misma sentencia, los jueces penales Hugo Díaz y Arturo Fresco y la jueza civil Graciela Martín resolvieron darle vista a la fiscalía de turno para que investigue porqué el BLP le pagó los cheques a pesar de que la imputada no tenía firma autorizada para librarlos.

¿Por qué pasó tanto tiempo para que se le diera vista a Rivarola? Las fuentes explicaron que se debió a que recién ahora el fallo quedó firme, luego que el 10 de agosto el Tribunal de Impugnación Penal mantuviera la condena y redujera la pena de tres años y ocho meses a tres años, permitiendo que Peñalva no vuelva a la cárcel.

Sin embargo, cuando el expediente ingrese a la Fiscalía 2 no es seguro que quede radicado definitivamente allí. Lo primero que podría hacer Rivarola es averiguar quién estaba de turno en la segunda quincena de octubre, y girárselo a otro colega porque fue en ese momento cuando el tribunal de alzada ordenó la medida.

La Cámara sostuvo en el fallo, de acuerdo a la prueba acumulada, que entre 1999 y 2003, y en forma continuada, Peñalva, no perteneciendo a la planta permanente del IPAV, cometió el fraude al apoderarse del importe de cheques en pesos y dólares y órdenes de títulos de la deuda pública (Lecops) de tres cuentas del organismo en el Banco de La Pampa. Esa causa se inició el 21 de noviembre de 2003 por una denuncia penal, que luego fue ampliada tres veces, del entonces tesorero de Vivienda, Wálter Raúl García, y de la jefa de Contabilidad y Finanzas, Mirta Isabel Rodríguez, quienes detectaron irregularidades en la cuenta corriente 10.313/6 "IPAV-Foprovi" del Banco de La Pampa. Ellos notaron la adulteración de resúmenes bancarios, la eliminación de documentación respaldatoria y la existencia de cheques adulterados. Los denunciantes detallaron que las únicas personas que estaban habilitadas para librar cheques de esa cuenta eran ellos dos, el ex gerente general Luis Araniz, Juana Rosa Turri y Ariel Arnaldo Martín.En los alegatos, el abogado de Rodríguez -que al igual que García fue absuelta-, José Mario Aguerrido, cuestionó al BLP al señalar que no debieron abonarse documentos al menos por 400.000 pesos porque no cumplían con las formas. "El banco incumplió con su obligación de cuidar los fondos que sus clientes le confiaron para que resguarde", reflexionó el defensor. El mismo requirió al tribunal que le diera vista a la fiscalía. Además criticó a la jueza instructora, Verónica Fantini, por no haber profundizado esa línea de investigación.

En la misma dirección apuntó la fiscal del juicio, Susana Alvarez, cuando dijo que los cajeros del BLP fueron partícipes de la maniobra defraudatoria al pagar los 267 cheques sin detenerse a mirar si las firmas y/o ellos eran los que correspondían.