El viento en contra que doblega a los países, sin excepción alguna, de ninguna manera tiene que significar en Jujuy un freno al proceso de crecimiento experimentado en los últimos años y, menos aún, un obstáculo en la definición de las bases de una sociedad con destino de desarrollo inclusivo, armónico, sustentable y justo.

Atento a la dependencia de Nación que caracteriza al esquema financiero jujeño, el pesado antecedente de lo acontecido en los mercados internacionales y en los sistemas financieros del mundo, especialmente durante 2008 y 2009, los responsables de administrar la cosa pública agudizaron su enfoque preventivo sobre la crisis globalizada. Advertido del panorama financiero poco auspicioso, el gobierno jujeño procedió a la adopción de medidas correctivas y a adecuar el criterio de administración a las circunstancias imperantes, de modo de mantener sin alteraciones de fondo la dinámica de crecimiento que tanto costó conseguir.

En términos generales, las situaciones críticas suelen constituirse en factores de deterioro de una gestión, sin embargo, apelando a la sólida experiencia en esto de pilotear tormentas en medio de un mar picado, también se erigen en oportunidades para necesarios replanteos que lleven a la erradicación de criterios administrativos inapropiados. Conocedor de las debilidades y las fortalezas del modelo de gobierno instalado en 1998, Fellner impuso este año que el accionar político y administrativo debe alinearse aplicando estrictos principios de racionalidad del gasto público, solidaridad ante las eventualidades y prioridades que emerjan y austeridad en todas las áreas del Estado, puesto que los recursos disponibles deben ser sustentables en el tiempo y se debe alcanzar máxima optimización en la aplicación de los mismos.

En consecuencia, no debe ser motivo de sorpresa ni dramatismo el Decreto Acuerdo Nº 606-H-12, que dispone la adopción de una política de control y fuerte restricción del gasto público que alcanza a todos los ministerios, autoridades autárquicas y organismos dependientes del Estado, siguiendo principios de previsibilidad y sustentabilidad de las finanzas públicas. Resulta natural también, que se solicite a autoridades de cada jurisdicción o entidad del Poder Ejecutivo ajustar su accionar a las posibilidades presupuestarias, extremando los recaudos para su efectividad. Dichas diligencias deberán canalizarse en materia de erogaciones corrientes y de capital con rentas generales. Asimismo, toda modificación presupuestaria que se realice en cualquier dependencia, deberá ser transmitida en el marco de una política integral del ministerio y contar con la aprobación de su máxima autoridad.

Así, se busca garantizar la aplicación de los principios de regularidad financiera, legalidad, economicidad, eficiencia y eficacia en la obtención y el destino de los recursos públicos;sistematizar las operaciones de programación, gestión y evaluación de los mismos; doptar procedimientos adecuados que aseguren la conducción económica y eficiente de las actividades institucionales y la evaluación de los resultados de los programas, proyectos y operaciones. Estos son los ejes rectores de la administración financiera hoy.

El panorama se presenta propicio para que surja como principio elemental de orden institucional en materia económica, la realización de una adecuada programación financiera, con esfuerzos dirigidos al incremento de recursos propios y al mejoramiento del control de la ejecución del gasto y de su calidad. Teniendo en cuenta tales conceptos, la gestión se ajustará más que nunca a las disposiciones de las leyes Nº 4958 de Administración Financiera y de los Organos de Control del Estado y Nº 5692 de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2012. Sin lugar a dudas, la fórmula apropiada que permitirá sostener una administración ordenada y previsible, que tenga capacidad para responder a las necesidades de los jujeños. Entre semana, el destacado economista Juan Ljunberg consideró apropiados los calificativos empleados por el Gobernador al referirse a la situación económica de la provincia, al decir que “realmente no hay que desesperarse, pero sí ser prudentes y austeros” en el manejo económico de Jujuy, entendiendo que el mensaje inequívocamente está direccionado a los miembros del gabinete, primero, y a los gremios que piden por aumentos salariales, después.

Desde ya, estas medidas de conciliación no son reflejo de imprevisión. Se contextualizan, en todo caso, en el oportuno replanteo que exige la proyección de los recursos coparticipables, en franco descenso. No se puede soslayar, que la principal fuente de ingresos de la provincia es la coparticipación y el diagnóstico nacional sobre la recaudación de impuestos coparticipables y otras variables económicas son hoy objeto de un constante seguimiento por parte del Ministerio de Hacienda, que conduce Ricardo Pierazzoli.

Ahora bien, no hay espacio para el desánimo, puesto que la contención del gasto no es sinónimo de debilitamiento de las inversiones, ni privaciones en la implementación de las políticas concebidas para responder a las crecientes demandas que la sociedad proyecta sobre el funcionamiento del Estado. La premisa es no resentir la capacidad de resolución estatal y, simultáneamente, poner a resguardo la disponibilidad de recursos, respetando pautas económicas generales que, a su vez, se allanan a los compromisos asumidos ante Nación.

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Fecha: 04/06/2012 - Hora: 00:00 - Leido 62 veces.

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