Durante mucho tiempo lo había estado buscando la policía de San Luis por dos violentos asaltos contra un estanciero de Justo Daract, cometidos en 2010 y con pocos días de diferencia. El botín, según trascendidos, rondó el 1.500.000 pesos y por esos hechos fueron imputados cuatro jefes y oficiales puntanos por obstruir las pesquisas.

Peré Calderón nació el 3 de agosto de 1960 en La Pampa y tenía antecedentes. De hecho en 1998 fue condenado a 18 años de prisión por el crimen del productor pampeano Mario Antonio Yorgoban (ver aparte). Ayer, ante una consulta de LA ARENA, la División de Investigaciones mendocina informó que es de General Pico, lo mismo que su hija de 24 años, quien estaba con él cuando fue aprehendido. "Tiene antecedentes en La Pampa, fundamentalmente por asaltos y un caso de piratería del asfalto -indicó el comisario Walter Cabrera-. Sabemos que iba y venía entre General Pico y Villa Mercedes y que también estuvo viviendo en Mendoza".

De acuerdo a la información publicada por el diario Uno, Peré se encargó de hacerse fama de "fierrero", de andar siempre "calzado" y de ser "un pesado". Hace unas semanas, Investigaciones recibió un pedido de captura contra él firmado por el juez penal de Villa Mercedes, San Luis, Angel Cuello, informando que el prófugo estaba involucrado en un violento robo a mano armada y con torturas. Además se estimaba que podría estar involucrado en otros dos asaltos ocurridos en esa provincia. Fue en ese momento cuando empezó a especularse con que podría estar en Mendoza.

La orden de captura quedó en el escritorio policial durante varias semanas, después de poner al tanto de la novedad a todo el personal. De pronto, hace dos semanas, un llamado telefónico puso en alerta a los sabuesos. "Lo vi. Está en Palmira. Vino a ver a una mujer", alertó una voz anónima. Palmira es una localidad situada a unos 30 kilómetros al sudoeste de la capital mendocina.

A partir de ahí la policía lo esperó. Dispuso guardias en las inmediaciones de la casa donde se alojaba, vigiló y esperó el momento oportuno, que terminó siendo el sábado. Peré y su hija salieron de una vivienda y se subieron a un Chevrolet Corsa blanco. El auto salió de Palmira y se dirigió hacia el Este. La policía lo dejó circular unos kilómetros y en una zona más o menos descampada fue interceptado por varios móviles policiales. Lo encañonaron y obligaron a bajar con las manos en alto. Al verse acorralado, Peré no se resistió.

Asaltos iguales y violentos.

El 28 de mayo de 2010, una hora antes de la medianoche, en el casco de la estancia El Ruiseñor, ubicada a 12 kilómetros del pueblo puntano de Justo Daract, su dueño, Roberto Ruiz (59), se estaba bañando. El estanciero sintió que su esposa, María del Carmen Muñoz, desde el comedor y mientras miraba televisión le decía: "Querido, viene la policía". Afuera había llegado un auto con balizas prendidas sobre el techo. "No abras. Esperá que yo los atiendo", respondió el hombre.

La mujer prendió las luces exteriores y vio cuatro hombres, vestidos de policías, que se bajaban del vehículo mientras un quinto permanecía al volante. Todos estaban armados y dos empuñaban Itakas. Ruiz salió para atenderlos. "¿Qué pasó?", les preguntó. "En la entrada hay dos personas ahorcadas", le contestó uno. El estanciero quiso caminar hasta su camioneta Ford F-100 para ver a los muertos y cayó en la trampa. Uno de los supuestos policías lo tomó del cuello y le pegó un golpe en la cara. Después lo metieron adentro de la casa y lo tiraron al suelo. Lo mismo hicieron con su mujer, atándolos con precintos.

Pero recién después vino lo peor, porque empezaron a pegarles en el abdomen y les pisaron las caras con los borceguíes. A Ruiz le fracturaron un dedo del pie con un pisotón y con un atizador de una estufa le hicieron dos quemaduras en el cuerpo y otra en la planta del pie derecho. A su mujer le quemaron los pies y las piernas. Luego los "policías" escaparon con todo el dinero. En esa época se habló de un monto que iba de los 300.000 a 1.500.000.

Los días pasaron sin novedades e, increíblemente, antes del mes, el 23 de junio, Ruiz volvió a ser asaltado en su casa con el mismo modus operandi.

Llamativamente los primeros imputados del caso no fueron los delincuentes, sino cuatro policías. El jefe de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2 de San Luis, comisario Oscar Contreras; el segundo jefe, oficial principal Mariano Godoy, y los oficiales Pedro Palacio y Diego Correa. Ellos fueron acusados de haber mantenido paralizada la investigación del primer asalto entre el 4 y el 30 de julio y por eso fueron pasados a pasiva.

Entre las pistas que no se investigaron -señaló el periódico cuyano- estuvo la aportada por un testigo que había dicho que la noche del primer asalto vio un Corsa blanco merodeando la estancia y había anotado su número de patente. El auto era del pampeano Peré, el mismo que manejaba cuando fue detenido el sábado en Palmira.

Un crimen con gran repercusión

Rubén Antonio Peré (en esa época no se le conocía el segundo apellido, Calderón) fue condenado a 18 años de prisión, el 14 de diciembre de 1998, por un crimen famoso: el del productor agropecuario Mario Antonio Yorgoban, ocurrido el 28 de marzo de 1987. El coautor del homicidio fue Víctor Hugo Cortez, quien en 1995 se vio beneficiado con la reducción de la pena por un decreto firmado por el gobernador Rubén Hugo Marín y el ministro de Gobierno y Justicia, Heriberto Eloy Mediza.

La Cámara en lo Criminal 1 encontró a Peré culpable de los delitos de facilitamiento de la prostitución y robo. A Cortez le agregó uno más, emisión de cheques sin fondos, y lo inhabilitó por un año para operar con cuentas corrientes en bancos. El cuerpo de Yorgoban fue encontrado sin vida dentro de su camioneta, sobre la ruta provincial 12, a 25 kilómetros al noroeste de Santa Rosa. Llevaba 3.000 australes, que no aparecieron.

Los jueces, para condenar a ambos, tuvieron en cuenta, fundamentalmente, el testimonio de una 'trotacalle'. Los otros tres imputados recibieron penas menores por encubrimiento: Eduardo Hugo Carnavale y Juan José Negro, que eran reincidentes, un año y cinco meses; y Silvina Andrea Spon, dos años.

En 1995, cuando Cortez recibió el beneficio de Marín, Peré estaba detenido en la prisión general del Sur (U-9), en Neuquén, donde entre el 24 de octubre al 2 de noviembre del año anterior había realizado una huelga de hambre en reclamo de que le computasen dos días por cada uno de encierro, se cumpliera efectivamente el Pacto de San José de Costa Rica y se dejase sin efecto, por única vez, el artículo 14 del Código Penal (reincidencia) para poder verse beneficiado con una segunda libertad condicional.

Para ese entonces ya no cumplía los 18 años, sino 19 de una pena unificada, debido a que en San Luis le habían imputado los delitos de evasión y lesiones leves cuando ya estaba cumpliendo una condena de dos años en otra causa por encubrimiento y hurto simple. Por lo tanto, debía salir en libertad el 6 de mayo de 2006.

Su compañero Cortez quedó libre en julio de 1995 porque Marín, con la conmutación de la pena, le redujo en un tercio los 18 años (en realidad en 5 años y 11 meses), algo que en esa época fue considerado "anormal" por distintos funcionarios judiciales. El propio tribunal que lo había condenado, conformado por Etelvina Florez de Forastieri, Jorge Diaz Zorita y Alfredo Ozino Caligaris, al fijarse la nueva fecha de vencimiento de la pena (2 de mayo de 1999), tuvo que otorgarle la libertad condicional por buena conducta pues había cumplido los dos tercios de la pena. El decreto del gobernador fue firmado el 18 de mayo, cuatro días después de fuera reelecto.

Un disparo en el ojo.

El caso Yorgoban tuvo una amplia repercusión en la opinión pública por las características del crimen, ya que originalmente los médicos forenses dijeron que se había tratado de un suicidio o muerte natural. La víctima se hallaba dentro de su camioneta Ford diesel, en el camino que se dirige a Colonia Lagos, sin manchas de sangre a la vista. Incluso, por esos mismos días, la ciudad también se vio conmovida por otro homicidio de características macabras: Juan Pedro Creado, de 36 años, oriundo de Quemú Quemú, y empleado de la Secretaría General de la Casa de Gobierno, había sido hallado descuartizado y quemado en la zona de Toay.

Sin embargo, una posterior revisión de las pruebas permitió comprobar que Yorgoban había recibido un disparo de arma en el ojo izquierdo. A partir de allí, la policía y la jueza instructora, Verónica Fantini, descartaron la primera hipótesis y comenzaron a pensar seriamente en la posibilidad de un robo, ya que el productor era propietario de un campo en esa zona y el día anterior había retirado los 3.000 australes de un banco.

Un inconveniente para la jueza fue la falta de huellas claras porque había llovido y el camino de tierra era un lodazal. Pero poco a poco aparecieron indicios y se descubrió que Spon, que habría tenido vinculaciones con Peré, había alertado que Yorgoban llevaba esa suma de dinero. A partir de allí las pesquisas se dirigieron a Córdoba en busca de Carnevale y Negro, sobre quienes pesaban sospechas de haber intervenido activamente en el hecho. Después se armó el rompecabezas y la Cámara 1 terminó dictando las condenas.