El arruinado ex magnate Sean Quinn, quien fuera el hombre más rico de Irlanda y celebrado artífice de su propio éxito, terminó ayer con los huesos en la cárcel, después de que una jueza lo encontrara culpable del intento de ocultamiento de bienes de su derrumbado imperio comercial, violando una orden judicial. Quinn, que en una descarnada batalla legal con el ex Banco Anglo Irlandés ya había perdido el control de su negocio radicado en Irlanda, fue hallado responsable del delito de desacato por desparramar la titularidad de sus bienes por toda Europa, valiéndose de testaferros y negocios de fachada.

En 2011, la justicia irlandesa le había ordenado que pusiera inmediato fin al uso y traslado de esos bienes debido a que el banco (estatal) tenía derecho a ellos. Pero los investigadores de Anglo que están detrás de Quinn con la intención de cobrarse los préstamos impagos por un total de 3650 millones de dólares, demostraron que el acusado había seguido "movilizando" sus bienes y falsificando documentos con fechas supuestas. El imperio incluye propiedades en Rusia, Ucrania, Turquía y otros países por valor de unos 430 millones de dólares.

Quinn, de 65 años, podría haber apelado ante la Corte Suprema, pero después de una consulta con sus abogados y Sean, su hijo mayor del mismo nombre –tan implicado como él en la turbia trama–, decidió ir a la cárcel inmediatamente (ver aparte). De todas maneras, la condena no es demasiado severa: sólo estará adentro nueve semanas, hasta el 4 de enero, en una seguramente confortable celda del presidio de Mountjoy, en Dublín.

El espectacular ascenso y caída de Quinn comenzó en 2008, cuando estalló la burbuja de la construcción. Hijo de un agricultor de Irlanda del Norte, con un préstamo de 80 dólares inició su primer negocio de materiales de construcción cuando aún era un adolescente. En las dos últimas décadas sus astutas operaciones hicieron que su imperio creciera para abarcar las áreas del cemento, la hotelería, los seguros y la fabricación de botellas. Se ganó la simpatía de los pobladores de su zona natal, una región donde escasean los empleos y donde radicó la mayoría de sus negocios.

Pero, inexplicablemente, apostó la riqueza familiar al éxito de Anglo, cuyas acciones subieron el 1000% durante los años de la burbuja inmobiliaria. Pero cuando el precio de las acciones del Anglo cayó, durante la crisis de 2008, tomó préstamos por miles de millones de dólares de la misma compañía para convertirse en su accionista principal, con el 28 por ciento. Irlanda nacionalizó Anglo en 2010, lo que quitó de todo valor a las acciones de Quinn y dejó a los contribuyentes con una cuenta superior a los 33 mil millones de dólares.

En la cúspide de su carrera, el Grupo Quinn, cuya joya de la corona era la aseguradora del mismo nombre, llegó a tener un valor superior a los 5500 millones de dólares y en cuatro décadas creó más de 5 mil puestos de trabajo. Los expertos creen que en algún momento el empresario también llegó a controlar en secreto el 15% del Anglo, nacionalizado por el gobierno de Dublín en 2010. «

Efe, Ap

una condena demasiado "barata"

En junio pasado, el mismo tribunal que ayer lo mandó a la cárcel había ordenado a Sean Quinn que liberara 640 millones de dólares que el propio Quinn, su hijo Sean y su sobrino Peter Darragh habían ocultado en cuentas en el extranjero para evitar el pago de las deudas con el nacionalizado Anglo Irish Bank, entidad a la que debe unos 3600 millones de dólares. Sean Quinn (hijo) estuvo algo menos de tres meses en prisión por desacato, mientras que Darragh se fugó a Irlanda del Norte, desde donde no puede ser extraditado por este tipo de delitos a la República de Irlanda.

El pasado enero, la justicia declaró en bancarrota al que fuera el hombre más rico del país, al tiempo que aceptó una solicitud presentada por la entidad bancaria para reclamarle la citada deuda. Quinn intentó antes declararse en bancarrota en Irlanda del Norte para beneficiarse de la legislación británica al respecto, pero el Anglo, ahora rebautizado como Irish Bank Resolution Corporation (IBRB), logró trasladar el proceso a esta jurisdicción, donde no podrá volver a hacer negocios ni liberarse de su deuda durante un período de 12 años.