Así como los siete imputados tendrán la última oportunidad de decir sus verdades, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta tendrá hoy la responsabilidad de emitir su dictamen en el juicio por el secuestro y desaparición del exgobernador constitucional Miguel Ragone, ocurrido el 11 de marzo de 1976. En medio de un clima de enorme expectativa, la última audiencia del histórico debate comenzará a las 10 en la Sala de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial. Con tal motivo está prevista una amplia movilización y una convocatoria de artistas que ofrecerán un espectáculo musical frente al edificio hasta que se conozca el veredicto.

El fallo podría conocerse alrededor del mediodía, en caso de que los acusados mantengan su postura de no declarar, tal como lo hicieron el 5 de abril pasado cuando se inició el juicio. Quienes tendrán esta responsabilidad serán los camaristas Marta Liliana Snopek (Jujuy), Carlos Jiménez Montilla (Tucumán) y Luis Giménez (Tierra del Fuego), más el aporte del juez suplente José Quiroga Uriburu (La Rioja). Luego de analizar casi cien testimonios y numerosa documentación, el Tribunal deberá resolver los pedidos de condenas y absoluciones que hicieron las partes en sus alegatos.

El fiscal Horacio Azzolín, junto a los querellantes David Leiva, Matías Duarte, Martín Avila y la actora civil Verónica Molina, solicitaron condenas a perpetua para el exjefe de la Guarnición Ejército Salta Carlos Alberto Mulhall, para exjefe de la Policía de la Provincia Miguel Raúl Gentil, para el exdirector de Seguridad Joaquín Guil y para el exjefe de la Guardia del Monte de la Policía local Andrés del Valle Soraire. También pidieron 10 años de prisión para el exdirigente de la Unión Obrera Metalúrgica Jorge Zanetto y dos años para los suboficiales de la Policía Pedro Javier Herrera y Nelson Rubén Herrera.

De acuerdo con el procesamiento dictado por la instrucción y el planteo de los acusadores, los nombrados están imputados de delitos de lesa humanidad. Como cabezas visibles del magnicidio de Ragone, el fiscal y las querellas sindicaron a Mulhall, Gentil y Guil, a quienes consideran “autores mediatos”, por ser las personas que tenían a su cargo, en esa época, el manejo de las estructuras del Ejército y de la Policía. A los siete acusados no solo los responsabilizan por la desaparición del exgobernador, sino por el asesinato del almacenero Santiago Catalino Arredes y las lesiones sufridas por Margarita Martínez de Leal.

El primero recibió un balazo en el pecho, cuando aparentemente reconoció a alguno de los captores y trató de evitar el secuestro de Ragone. En tanto que Leal recibió un disparo de ametralladora en el momento que observaba a dos personas cuando sacaban al exgobernador de su vehículo, posiblemente herido de muerte. Federico Petrina, defensor de los principales imputados, descartó que Ragone, Arredes y Leal hayan sido víctimas de delitos de lesa humanidad por considerar que los hechos ocurrieron cuando aún estaba en vigencia el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón. Por ese motivo solicitó que sean absueltos, y lo propio hicieron Marcelo Arancibia y Roque López Homes, defensores de los Herrera. Sin embargo, los acusadores argumentaron que el terrorismo de Estado había comenzado en el país un año antes del golpe del 24 de marzo de 1976.