El fallo del Tribunal Contencioso Administrativo, emplazando a los poderes Ejecutivo y Legislativo a sancionar en el término de 90 días la denominada Ley de Cupo, parecía que llegaba para echar luz a esta controvertida novela que lleva más de veinte años de páginas y páginas que para nada permiten deducir como corolario que el tema está cerca de una definición. Sin embargo, para pesar de las amparistas que montadas en el fallo judicial se permitieron pensar en un pronto final de su lucha tras dos décadas de gestiones a todo pulmón, un sector del oficialismo tuvo una encendida reacción de rechazo y decidió ir a fondo contra la resolución y, más aún, contra los magistrados actuantes. El Ejecutivo, por su parte y con un posicionamiento más mesurado, también jugó sus cartas y anunció la presentación de un recurso de inconstitucionalidad. Así las cosas, los capítulos de esta historia seguirán escribiéndose en los estrados judiciales, porque en el ámbito político está claro que no sobra el ánimo para abordar este tema y menos aún definirlo.

Las estrategias de las partes en pugna están claras: Los amparistas se hacen fuertes a partir de la sumatoria de respaldo institucional por parte de organizaciones sociales, civiles y políticas, no sólo del orden local, sino también de otros puntos del país, al tiempo que buscan sentar presencia en ámbitos de decisión. El Ejecutivo, vía Fiscalía de Estado, a cargo de Alberto Matuk, recurrió a un argumento razonable al invocar el recurso de inconstitucionalidad por entender que la resolución afecta la división de poderes y no se adecua a derecho. En la Legislatura la jugada está tan clara como impredecible, puesto que gran parte del Cuerpo mira extrañada algunas reacciones (“desproporcionadas” dicen) ante el fallo judicial, otros miran con desconfianza los movimientos de una porción del oficialismo y, finalmente, están las legisladoras que parecen jugar a dos puntas, condicionadas por la obediencia política que parecen deber y sus compromisos de género. Estas circunstancias se combinan como una fórmula química experimental de resultados imposibles de prever.

Más allá de las razones o sinrazones que puedan justificar el posicionamiento de los diputados que persiguen el jury de enjuiciamiento a los magistrados que integran el Tribunal Contencioso Administrativo, de la enjundia de los amparistas, de las actuales y futuras actuaciones judiciales y de los vaivenes políticos, lo concreto es que cada uno de los actores que estuvieron, están y estarán involucrados en esta novela tienen que asumir las responsabilidades de una situación inaceptable como es los veinte años de una Ley de Cupo “cajoneada” que duerme el sueño de los justos. Queda hacer votos para que otros temas, de igual o mayor trascendencia para los intereses de los jujeños, no corran la misma suerte.

OTRA MAS

La dirigencia del Frente de Gremios Estatales y la Multisectorial está con pluma en mano y se dispone a escribir un nuevo capítulo de otra historia, tan larga como la de la Ley de Cupo, que impacta directamente contra los intereses de la provincia.

Se trata de la secuela (otra más) de la puja salarial que activa señales de alerta no sólo entre altos funcionarios del Poder Ejecutivo, sino en la sociedad jujeña que comienza a preocuparse por el futuro inmediato de los servicios imprescindibles.

Los gremios bajaron la persiana la semana pasada, anunciando el inicio de un plan de lucha, en desacuerdo con la recomposición salarial del 21% definida a nivel nacional, estimando que la nueva pauta debe ser del 30%. ¿Cómo levantarán el telón de la semana que se inicia? Si en líneas superiores se insta a la clase política a asumir responsabilidades ante un tema de profunda importancia para la provincia, no se puede hacer otra cosa que no sea instar de igual manera a la dirigencia gremial a proceder con mesura y raciocinio, de modo que el legítimo reclamo no se transforme en motivo de desencuentro entre jujeños.

No está por demás recordar los perjuicios provocados por la última puja salarial, que instaló un conflicto que superó ampliamente los tiempos razonables, dejando a miles de víctimas en el camino, entre ellos, nada más ni nada menos, que nuestros niños y jóvenes que hasta hoy reman contra la corriente para remontar los días de clases perdidos. Fue un conflicto que también dejó secuelas en la estructura gremial, con un inocultable desencuentro que terminó quebrando la unidad de los docentes, desde ya una situación que se debe evitar, atento a la importancia que tienen los trabajadores organizados en la optimización de los servicios a los jujeños.

Es tiempo entonces de que gremialistas y autoridades sepan explotar su voluntad de diálogo y su capacidad de entendimiento. Es tiempo de que sepan hacer profesión de sus compromisos de cara al presente y, sobre todo, futuro de nuestra provincia.

MONUMENTO HISTORICO NACIONAL

Piden distinción

al Colegio Nº 1

Representantes de la comunidad educativa del Colegio Nº 1 “Teodoro Sánchez de Bustamante” solicitaron al vicegobernador de la Provincia, Pedro Segura, inicie gestiones ante legisladores nacionales por Jujuy para declarar Monumento Histórico Nacional a la sede de la tradicional institución.

La comitiva estuvo integrada por la rectora del establecimiento, Dolores Fernández de López la vicerectora, María Rosa Suárez Vargas de Pizáy la profesor Silvina Camusso, las que fueron recibidas por el Vicegobernador, el secretario parlamentario, Carlos Aprile; el diputado provincial (mc) Gregorio Tolaba.

La profesora López, además, pidió asesoramiento para gestionar la continuidad de la denominación que históricamente identificó a la institución, es decir “Colegio Nº 1 Nacional Teodoro Sánchez de Bustamante”, dado que luego de la transferencia a la provincia de todos los colegios nacionales, estos dejaron de nombrarse “nacional”. “Pedimos por la recuperación y el respeto a la tradición histórica de un colegio que tiene 141 años de vida en la provincia, formando promociones, donde hoy generaciones de jóvenes se destacan en distintos campos”, enfatizó.

Respecto de los trámites para canalizar la obra de restauración del edificio, la docente comentó que “sabemos que está licitada y a punto de ejecutarse”. También solicitó a Segura la construcción de un salón de usos múltiples, “dado que los mil alumnos que atendemos a diario hacen que se requiera ese tipo de infraestructura”, acotó.