falacias. Y si bien la presidenta Cristina Fernández se jacta ante los medios de que su fallecido marido Néstor Kirchner “siempre soñó con recuperar YPF para el país”, las frases vertidas al aire no resisten ningún archivo.

La jefa de Estado, que anunció ayer con bombos y platillos el nuevo plan del Gobierno nacional, lejos está ahora de aquella diputada provincial que el 17 de septiembre de 1992 -a una semana de que se votara la privatización de la petrolera- instó a los legisladores en la Cámara de Diputados santacruceña a que den su apoyo a la iniciativa del gobierno de Carlos Saúl Menem, en lo que fue una página más de la nefasta historia de privatizaciones en el país.

Según el diario de sesiones, en ese entonces Cristina Fernández dejaba en claro al presidente del cuerpo legislativo que “a través de una declaración, nuestra honorable Legislatura se expida exigiendo a los diputados nacionales del distrito que posibiliten el tratamiento del proyecto de ley de la Nación que trata sobre la transferencia del dominio público de los Yacimientos de Hidrocarburos del Estado Nacional a las provincias en cuyos territorios se encuentre (trámite parlamentario 78-s-1992) en tanto se juega allí la perspectiva de futuro de nuestra Provincia, ya que es aquella norma el marco adecuado para la resolución de las controversias que frente al Estado nacional hemos tenido”.

Veinte años después, la visión de la mandataria nacional no difería mucho: el 7 de diciembre de 2010, Cristina Fernández saludaba el ingreso de la familia Eskenazi al paquete accionario de la empresa y calificaba de “exitoso” al hallazgo de un megayacimiento en Loma de la Lata, Neuquén. Durante ese anuncio, la propia jefa de Estado afirmaba que el descubrimiento debía “servir de ejemplo para animar a otros a la incorporación de capital nacional”.

Un pasado poco feliz

Más allá de los deslices desafortunados de la Presidenta, el debate sobre la petrolera ya se había instalado con anterioridad en 1991, cuando el expresidente Carlos Saúl Menem suscribió una suerte de “conciliación” con Santa Cruz, mediante la cual la Nación reconocía una deuda de 480 millones de dólares con aquella provincia. Sin embargo, el acuerdo se llevaría a cabo solamente si la ley de privatización de YPF quedaba sancionada en el Congreso.

Frente a esta situación, fue el mismo Néstor Kirchner, quien estaba a cargo de la presidencia de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), el que en septiembre de

1992 pidió apoyo a los diputados para que den su guiño en el Congreso a la iniciativa. La presión tuvo efecto y, horas más tarde, el proyecto de ley fue aprobado por los propios legisladores.

Al cierre de la votación, un contento y efusivo Néstor Kirchner aseguraba que “esto también va a habilitar el hecho del desdoblamiento, va a permitir la inversión y la reconversión económica de Santa Cruz”. Y un año después, el actual secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, también celebraba que YPF sea “la gran empresa petrolera privada nacional, que domina más de la mitad del mercado de los combustibles”.

Claro está que, como su esposa, el expresidente también caería en la tentación de abandonar las palabras del pasado y posteriormente calificaría de “increíble” a la privatización, reconociendo además el “genocidio por el que pasó nuestra industria petrolera”.

El gobierno español, indignado

El gobierno de España consideró ayer que la decisión argentina de expropiar YPF “es una medida hostil”, “arbitraria” y “discriminatoria”, que “rompe el principio de la seguridad jurídica” y “el clima de cordialidad y amistad” entre los dos países, al tiempo que “amenaza a cualquier inversor internacional”.

Luego de una reunión convocada de urgencia en Madrid por el jefe de Gobierno, Mariano Rajoy (foto), los ministros de Asuntos Exteriores, José María Margallo, y de Industria, José Soria, adelantaron que el gobierno de España “tomará las medidas claras y contundentes que sean necesarias” y que se anunciarán “en los próximos días”.

“Es una decisión hostil contra Repsol y por lo tanto contra España”, advirtió Soria, quien señaló que “el gobierno español actuará en consecuencia”.

Por su parte, el canciller español resaltó que la medida “rompe el clima de amistad y cordialidad” entre los dos pases y cuestionó que las autoridades argentinas no cumplieron “con el pacto verbal” al que las partes habían arribado el 28 de febrero último, donde se estableció que “cualquier diferencia debía resolverse por la vía del diálogo y amistosamente”.