Por orden del intendente municipal Nestor Di Pierro, y en el marco de la lucha contra la inseguridad en la ciudad petrolera, contra el trabajo ilegal y después del operativo que realizó la Secretaría de Seguridad en la ruta 3, en el trayecto entre Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, ayer Carlos Marsó indicó a Radiovisión que se dio intervención a la Dirección de Migraciones.
El funcionario municipal dijo que al ser consultados los ciudadanos interceptados sobre la situación en que se encuentran aquí, “niegan con evasivas; dicen que trabajan en casa de un amigo, pero también hay hipocresía de las empresas que contratan en negro y les dicen que no digan donde trabajan”.
En este contexto, Carlos Marsó precisó que de ahora en más, y para evitar nuevas situaciones de este tipo como las ocurridas el miercoles pasado cuando unos ochenta indocumentados fueron detenidos y trasladados a la Seccional Tercera de Comodoro Rivadavia, vamos a coordinar con Rada Tilly y a cooperar con Migraciones a los efectos de detectar la empresa donde trabajan.
Marsó dijo que es una sorpresa porque la visa turista con la que ingresan al país no les permite trabajar y tal como pudieron corroborar en todos los casos, los trasladados son “obreros de la construcción”.
También dijo el funcionario municipal que Migraciones va a tomar cartas en el asunto, pero reconoció que el trabajo del organismo nacional es lento porque hay que pedir autorización a Buenos Aires y verificar si la gente que había sido trasladada tenía pedido de captura o antecedentes.
En virtud de que opinó que en Comodoro puede haber más casos es que instó a la ciudadanía a realizar las denuncias al 0800 municipal para que sean analizadas en consecuencia.
Multas para quienes contraten a ilegales
El director de Migraciones, Julio Bonzani, afirmó que sería “grave” si, “como presupone el Municipio”, los extranjeros que fueron detenidos por no contar con su radicación en regla “prestan servicio para alguna empresa”, ya que “en ese caso se prevé una sanción muy dura para el dador del trabajo”. Si bien ésta “es una situación que hay que constatar”, aseguró que “existen algunos elementos para poder identificar el lugar donde prestaban servicios”. Adelantó que “las multas son de 50 salarios mínimos vital y móvil por extranjero”, lo que se traduciría en montos de alrededor de “130 mil pesos a pagar por cada uno de ellos”.
Al referirse al operativo de las últimas horas en el que 52 personas extranjeras fueron detenidas para averiguar su condición, explicó que “fuimos convocados por la Seccional Tercera, donde estaban derivando a los extranjeros y lo que pudimos constatar es que había 20 personas porque a los que estaban en regla los hacían retirar”.
Detalló que “tenemos cuatro personas con visa vencida y otras cuatro con visa vigente como turista; esto hubiera sido irregular si los hubiésemos encontrado trabajando pero no fue así”, especificó. Mientras tanto, “las otras 12 personas no tenían la documentación encima pero consultamos en nuestros registro y tres tenían radicación temporaria y nueve, radicación permanente”.
En ese marco, los primeros extranjeros “fueron intimados con 20 días para regularizar su situación”, sostuvo.
Añadió que “existen algunos elementos para poder identificar el lugar donde prestaban servicios y sería fundamental encontrar dónde trabajaban porque las multas son de 50 salarios mínimos vital y móvil por extranjero, lo queda como 130 mil pesos a pagar por cada uno de ellos. Son sanciones muy importantes”, contó.
Confirmó que en la ciudad “tenemos sanciones en empresas constructoras, en comercios, en locales nocturnos, e incluso a personas físicas que encontramos regenteando departamentos vip. Se hicieron varias sanciones de este tipo. De las delegaciones del país somos las más efectivas sobre todo en el tema de la cobranza”, aseguró.
Estimó que debemos tener “cinco o seis actas mensuales que son las que dan origen al expediente de infracciones. Hay ejecuciones, inhibición general de bienes de gente que no ha querido pagar”, enumeró.
Confirmó que para las personas que tienen visa turista y están trabajando “no hay sanción; lo único que exige la ley es la intimación a regularizar”, indicó.
Comentó que “la visa turista tiene una validez de 90 días por acuerdos hechos con el Mercosur. Se puede renovar una vez por tres meses más y luego (la persona) se debe ir del país. Debe gestionar primero la radicación y luego buscar trabajo. Nadie debería empezar a trabajar si no tiene al menos un certificado de trámite de regularización en el país. Ahí ya puede sacar su CUIL”.
Sobre el vuelo que habría aterrizado con personas extranjeras en la ciudad, manifestó que sería “de cabotaje” y especificó: “intervenimos cuando viene del exterior. Todas las empresas aéreas y terrestres deben verificar la situación migratoria de la persona antes de vender el pasaje. No creo que una persona como Andes se arriesgue a embarcar una persona que esté en situación irregular”, pronunció.

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