La vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco, respondió al secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, quien había afirmado que el Gobierno puso a los nuevos ministros del Máximo Tribunal “para otra cosa”, luego de que los magistrados pidieron al Congreso que intervenga en un conflicto en la provincia de Santa Cruz. La ministra Highton dijo a El Cronista: “Estamos para asegurar el acceso a Justicia de los ciudadanos” y defender derechos de la gente, como los de los jubilados, los contribuyentes o los consumidores.

Zannini había dicho el fin de semana pasado en Santa Cruz en una reunión de dirigentes kirchneristas: “¿Donde está mi decepción con esta Corte? Que nosotros la pusimos para otra cosa”, según consignó el diario Clarín.

El enojo del kirchnerismo, al que habría dado salida Zannini con esas expresiones, se debe a la sentencia de la Corte en la que denunció penalmente al gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, por no cumplir sentencias de la Corte exigiendo la reincorporación del ex Procurador General provincial Eduardo Sosa, quien fue desplazado hace 15 años.

En concreto, la Corte viene solicitando desde hace 7 años la reincorporación de Sosa, luego de que varios juzgados de instancias inferiores se pronunciaran de manera similar, y en tal sentido, Highton defendió la última decisión que incluso dio intervención al Congreso para que resuelva el conflicto de poderes en Santa Cruz, al afirmar que “ya hubo 10 sentencias sobre esta cuestión”.

Con Cristina Kirchner en la legislatura provincial, el kirchnerismo dictó en 1995 la Ley 2404 de la provincia de Santa Cruz, que tuvo tres ejes: el aumento de los miembros del Tribunal Superior de Justicia de 3 a 5, eliminar la Procuración y crear la Jefatura de Fiscales y de Defensores, y dejar cesante a Eduardo Sosa, que investigaba el destino dado por Néstor Kirchner a las regalías santacruceñas.

Pocos meses después, fue designado agente fiscal Claudio Espinosa, quien ahora, para terminar de complicar la situación, presentó una denuncia contra la Corte Suprema y el Congreso, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evitar ser desplazado.

Peralta aduce que no puede cumplir el fallo de la Corte sin incumplir la Constitución provincial, dado que Espinosa tiene estabilidad judicial y el cargo de Procurador ya no existe.

La Corte no ordenó reponer a Eduardo Sosa como procurador de Santa Cruz, sino que reclamó que se ejecute una vieja sentencia dictada en ese sentido.

Los actuales ministros de la Corte se encontraron frente a una sentencia firme y se pusieron como objetivo que se ejecutase. Como eran concientes del problema fáctico, organizaron audiencias con la provincia pero no pudieron acercar a las partes. Sosa quiere ser repuesto en el cargo y el gobernador responde que no puede reponerlo.

Ante el empantanamiento de la situación, y enojados con el kirchnerismo porque incumple esta y otras sentencias más recientes, la Corte dispuso denunciar a Peralta ante la Justicia federal para que decida si desobedeció un fallo de la Corte y dio intervención al Congreso nacional para que resuelva el conflicto de poderes.