Desolación es la palabra más adecuada para denominar lo que sienten los padres de cada uno de los chicos que acudían diariamente a la Casa del Niño del Barrio Centenario. Una desolación que surge de pensar qué es lo que harán ahora, dónde dejarán en resguardo a sus hijos, que tienen entre 45 días y cinco años. Necesitan quien los cuide para ir a trabajar.

Hasta ahora, esos niños estaban contenidos en una institución de jurisdicción comunal, en la cual recibían desayuno, almuerzo y merienda además de cuidados, educación y estímulos de acuerdo con su edad: la Casa del Niño, en Tierra del Fuego y San Lorenzo. Pero recientemente, ciertos funcionarios municipales vinculados a la Secretaría de Desarrollo Social han decidido cerrar el servicio, y trasladar a esos menores a una sede que consideran cercana. Cercana, a diez kilómetros: el jardín de infantes El Grillito, de Avenida Constitución al 7000.

Adujeron que era necesario hacerlo, porque en la sede del Centenario había habido un episodio de violencia, y que los chicos estaban en riesgo. Recientemente, ciertos muchachos del barrio ingresaron a la casa y golpearon a una maestra, que resultó fracturada, cuando se encontraba con un chiquito en brazos. Como consecuencia de eso, y según indican los funcionarios, los empleados nucleados en el sindicato de los municipales decidieron retirarse, y no prestar servicios en ese sitio, al que consideraban riesgoso.

La respuesta de la municipalidad es casi cómica. O sería cómica si no fuera tremenda: cerramos. Las consecuencias reales no salen en cámara. Pero un padre, chofer de camiones, narraba que debía llevarse la nena a trabajar en el vehículo, porque la madre también debía concurrir a su empleo.

Prometieron trasladar a los bebés –algunos de apenas 45 días- cada mañana, en colectivos hasta El Grillito, que está del otro lado de la ciudad, pero nadie cree por un instante que lo vayan a cumplir. Es más bien una apuesta al desgaste. Por más que los funcionarios afirmen que le darán a cada familia $200 por mes para que, si quieren ir por su cuenta, costeen ese traslado. Los padres deberían salir prácticamente una hora antes rumbo a sus trabajos.

Sin embargo, para la comuna es cosa juzgada.

La historia de la institución no tiene demasiada vuelta. Parece que funciona desde 1988 en un edificio entregado bajo tenencia precaria a la municipalidad, desde el Instituto Provincial de la Vivienda. En determinado momento, las condiciones edilicias eran tan cercanas a la indigencia que hacían correr riego a los menores que allí se resguardaban. “Los chicos gateaban sobre los líquidos contaminados”, dijo la abogada Liliana Castiñeira, que guió las acciones jurídicas y continúa representando los intereses de algunos padres.

En 2008 se consiguieron $241.000 para las obras de la casa, que provenían de multas por irregularidades en la construcción. Alguien dijo que el uso era indebido, pero se usó.

La cuestión es que la casa quedó bien, en perfectas condiciones para que los menores siguieran concurriendo. Se repararon todos los aspectos estructurales de la unidad y quedó perfecta.

Pero todo el esfuerzo fue para nada: en este momento las instalaciones serán destinadas a dar espacio al plan Envión, para adolescentes en riesgo, que seguramente será muy necesario, pero deja a los pequeños en la calle. O mejor dicho, en un colectivo que los traslada diez kilómetros.

La abogada ha tenido poco que hacer, porque ante la solicitud de la acción de amparo para no innovar, se le respondió que en realidad no hay un acto administrativo que los titulares del Juzgado en lo Civil y Comercial número 10 puedan considerar o no pertinente. No existe el papel firmado que diga “cerramos la casa”. No hay contra qué luchar, ni una firma a quién responsabilizar.

Remando

De todas maneras, Castiñeira se presentó a solicitar que no archivaran la causa, pero consiguió solamente cinco días de plazo para presentar la documentación probatoria. En esa etapa está.

De todas formas, no tiene demasiadas posibilidades de revertir los hechos, porque no encuentra a nadie que le dé un espacio en que discutir esta decisión inconsulta, que se parece más a la orden de un grupo comando que al consenso político. Ni siquiera consultaron a los vecinos a la hora de decidir semejante trasferencia.

Castiñeira lo intentó, pero hoy afirma que el discurso que brindó el Secretario de Desarrollo Social, Fernando Gauna, le pareció vergonzoso: “no entiende razones”, dice. Por más que haya un servicio de seguridad en el sitio, y que el destacamento policial de la zona se muestre a disposición de las necesidades de las autoridades de la Casa del Niño, ellos cerraron, bajaron la persiana. Encima, los funcionarios les pidieron expresamente a los policías que suspendieran la custodia.

La solicitud de no innovar, el amparo, se presentó ante el juez Sánchez Aranda, y se le pidió que se constituya el 21 de septiembre -día del traslado– para verificar si las combis municipales efectivamente se presentaban en el Club Alvarado, sitio desde el cual anunciaron que trasladarán a los pequeños. La cuestión es ver cómo hacen para trasportar a los bebés de moisés. ¿Subirán las cunas al vehículo?

También se le solicitó al magistrado que se acerque a El Grillito, para que verifique que ese sitio sí carece de las mínimas medidas de seguridad: no está siquiera cercado, menos aun cuenta con rejas, y tiene un parque que da a plena Avenida Constitución. Pero nada. Gauna sigue diciendo que tiene los planos para la construcción de una nueva sede, cuando la mayoría duda de la veracidad de sus dichos.

La cofradía

Como salida elegante e intento de democratizar el acto vandálico armaron una reunión, a la cual asistieron los padres. A esa convocatoria no le permitieron la entrada a la abogada: “usted no puede estar acá”, le dijeron, “es una reunión de padres”. Castiñeira tuvo que esperar a la llegada de los concejales Guillermo Schütrumpf, del GEN, y Carlos Arroyo, del FEP, para entrar con ellos. Entonces sí le ofrecieron una silla.

Uno de los vecinos del Centenario, Abel, se mostró muy preocupado por la situación, y en entrevista con Noticias & Protagonistas afirmó que Alejandra Urdampilleta, la actual secretaria de Políticas para la Integración, “vino a atropellar al barrio”. Describe así la acción: “ella hizo lo imposible para apoderarse de todo porque responde a los punteros políticos, y no a los intereses de los vecinos”. Afirma que el único objetivo que tiene este grupo es dar cabida al plan Envión, que debe de ser bueno en sus fines, pero en este caso es nada más que una movida política que vulnera los derechos de los más débiles: los nenes pequeños hijos de trabajadores.

Comentó que la prueba fehaciente es que las autoridades convocaron a los vecinos a la reunión, asegurándose de que no podrían concurrir: los citaron en El Grillito a las 14:30, horario de trabajo de la gran mayoría. Po eso no hubo quien se quejara. “Pero el intendente”, dice Abel, “jamás pisó el barrio”.

El concejal Schütrumpf también manifestó su disconformidad, y consideró una locura que, si se han verificado hechos de inseguridad, se responda cerrando un servicio a la comunidad y dejando a la gente del barrio lidiar con la situación de violencia, a la buena de Dios. “No es la manera”, afirmó, “no se puede responder cerrando todo. La inseguridad no es una justificación”.

Dice el concejal que la funcionaria Urdampilleta es en realidad una secretaria de Políticas “de Desintegración” –ironizando con el título de sus funciones-, porque está desintegrando a las familias, llevándose a los chicos lejos de los padres. “No es una tarea de los padres estar buscando un nuevo lugar” afirmó, “porque hay funcionarios que cobran su sueldo para eso”. Se comentó que Cristian Azcona, defensor del Pueblo adjunto, estuvo en tratativas de conseguir una nueva casa, pero finalmente todo quedó en la nada.

El concejal afirma que se trata de “funcionarios que no funcionan”, y que ese es un problema que debe resolver el Ejecutivo porque es su responsabilidad. Cerró aclarando: “no hubo una real política de previsión sobe los hechos que estaban sucediendo”.

Pero con esta administración, toda forma de imprevisión es posible. Si se toma en cuenta que están pagando $29.000 por mes por el alquiler de una combi, dinero con el cual perfectamente se podría comprar una nueva muy rápidamente, todo comentario carece de sentido. Lo mismo sucede con las propiedades inmuebles que la comuna alquila produciendo erogaciones estériles, cuando podría -con un importe similar- mejorar el estado de bienes que ya pertenecen al Estado, pero que no tienen las condiciones edilicias para el funcionamiento de ciertos sectores de administración o atención al público. En fin, hecho consumado, y mal administrado. Podían imponer un curso de gestión obligatorio antes de asumir los cargos. Una prueba psiquiátrica, excluyente. Mientras tanto, ojalá alguien acerque una solución a los padres que ya, ahora, deben concurrir el empleo. Porque no ir a trabajar es lo que mayor inseguridad les va a producir. A fin de mes.