Con esa inspiración, se propició la reorganización del Ministerio, dotándolo de una estructura más pequeña, apuntando a desburocratizar la organización y a ganar en agilidad y eficiencia en la prestación de los servicios y el desarrollo de las actividades.

Sin desatender ninguna de las competencias propias del Ministerio, se planificaron y ejecutaron distintas líneas de acción articuladas en torno a tres ejes: Seguridad, Identidad e Inclusión Social, buscando en cada caso un equilibrio entre continuidad e innovación, y tendiendo a mejorar la gestión en todas las áreas ministeriales.

SEGURIDAD

En materia de seguridad ciudadana, se asumió la conducción política de la fuerza policial, imponiendo como premisa básica que los objetivos en el área deben ser alcanzados con políticas e instituciones comprometidas con valores democráticos.

En ese marco, se creó la Dirección General de Asuntos Policiales Internos, como órgano ministerial, ajeno por lo tanto a la estructura policial. Al mismo se le atribuyeron competencias para asegurar un accionar policial estrictamente ajustado al principio de legalidad y apegado al deber de respetar y proteger los derechos humanos, y para reforzar el valor de la disciplina dentro de la organización policial.

En el mismo sentido, se promovió la participación de la comunidad a través de los Foros Barriales de Seguridad. Estos puntos de encuentro fueron concebidos como instancia de intervención de los vecinos y las organizaciones intermedias en el diseño de los proyectos y las actividades policiales orientados al despliegue de la función preventiva y a la reducción de los factores de riesgo que favorecen el delito.

En otro orden, sobre la base del diagnóstico de los requerimientos del servicio policial y de las disponibilidades presupuestarias, se incrementó la dotación de personal y se efectuaron diversas inversiones en infraestructura y equipamiento. Una de las acciones más destacadas, es la instalación de un sistema de video vigilancia, a fin de mejorar el desempeño de la Policía en el ejercicio de sus funciones de prevención de ilícitos e investigación de los que sean cometidos. Por otra parte, se reorganizaron los recursos disponibles, incrementando la presencia policial en la calle como herramienta disuasoria de importancia fundamental.

Asimismo, se intensificó el trabajo conjunto con la Policía Federal y la Gendarmería para el combate al comercio de estupefacientes, circunstancia que motivó un aumento de las causas judiciales abiertas y de la cantidad de droga secuestrada.

En materia de protección y custodia de los derechos humanos, continuó ejecutándose el dispositivo ya existente para la recepción de denuncias por violación de derechos y para la prestación de asesoramiento gratuito e integral a la víctima y/o sus familiares. Particular atención merecieron las denuncias de familiares de detenidos, relativas a supuestos malos tratos en los operativos policiales y/o en los lugares de detención, o por problemas de salud, constatando en esos casos la situación física de los detenidos y elevando a las autoridades competentes el informe sobre la situación comprobada.

En el plano de la Seguridad Vial, con el fin de brindar una respuesta estatal más eficaz a la problemática, se innovó en la organización del Estado Provincial, de modo tal que las distintas competencias ordenadas a garantizar un tránsito seguro fueran ejercidas por órganos verdaderamente especializados. Así fueron creadas la Agencia Provincial de Seguridad Vial, sobre la base del modelo de su homónima nacional, y la Unidad Especial de Control y Seguridad Vial, dentro de la Policía de la Provincia. Al mismo tiempo, se incrementaron decididamente los operativos de fiscalización del tránsito vehicular en todo el territorio provincial, particularmente para colaborar con las Municipalidades en sus jurisdicciones. Además, se ejecutaron campañas de difusión y formación en la materia.

En el ámbito del Servicio Penitenciario Provincial, se siguió transitando la senda dirigida a garantizar que el sistema asegure condiciones de ejecución de la pena con sentido resocializador. Con esa directiva, no sólo se invirtieron recursos en la construcción de pabellones carcelarios y aulas de estudio, procurando dar respuesta al problema del alojamiento de los internos y crear la infraestructura necesaria para ampliar las posibilidades educativas, también se dio continuidad al dictado de clases presenciales, en espacios curriculares correspondientes al nivel primario y secundario, y a la práctica de distintos oficios, profundizando el proceso de rehabilitación y reinserción socio-laboral de la persona privada de libertad.

INCLUSIÓN SOCIAL

En lo atinente a la promoción, asistencia y capacitación en materia de participación ciudadana y fortalecimiento de la sociedad civil, se desplegó un accionar encaminado a la puesta en valor de los centros vecinales y/o sociedades intermedias; el otorgamiento de nuevas personerías jurídicas, brindando asesoramiento a las organizaciones interesadas en torno a su constitución y funcionamiento; el impulso a la organización y desarrollo de actividades deportivas, educativas y culturales en los centros vecinales, clubes y asociaciones civiles.

Asimismo, se promovió la ejecución de estrategias de intervención social en barrios críticos, en coordinación con distintas áreas estatales con incumbencias en materias de integración social, para promover la convergencia del conjunto de políticas sociales, culturales y deportivas con el objetivo de mejorar los resultados en la prevención integral de los delitos.

IDENTIDAD

En el ámbito del Registro Civil, se avanzó en el proceso de digitalización de las dependencias registrales, a lo largo y lo ancho de la Provincia, facilitando la recepción digital de los trámites necesarios para la confección de documentación personal y, por consiguiente, garantizando la rápida entrega del DNI y el pasaporte a los ciudadanos interesados.

La amplitud del programa de digitalización hizo posible la entrega de miles de nuevos ejemplares del DNI, gestión a través de la cual el Estado tiende un puente entre la titularidad y el goce de los derechos, en la medida en que el ejercicio efectivo de muchos derechos se encuentra subordinado a la obtención del documento de identidad.

Finalmente, y al margen de los tres ejes reseñados, resulta importante mencionar que se prolongó la labor de procuración, ante el Juzgado Federal de la Rioja, en las causas en las que se juzgan delitos de lesa humanidad, en las que la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia se constituyó como querellante particular.