Este tipo de audiencias está contemplado en la reglamentación que se emitió recientemente desde el Poder Ejecutivo. El objetivo es resolver las posibles objeciones que puedan surgir durante la tramitación del llamado a consulta popular.

Los referentes partidarios deberán realizar cualquier planteamiento en el marco de la audiencia, el mismo deberá ser expresado “in voce” en el mismo encuentro y resuelto inmediatamente por las autoridades del Tribunal Electoral.

Una vez concluida la audiencia, si alguno de los partidos no queda satisfecho con las determinaciones adoptadas contará con doce horas de plazo, con efecto devolutivo, para apelar ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que a su vez deberá responder cualquier apelación en el marco de este trámite en un plazo de 24 horas.

La puesta en marcha de los mecanismos que le otorgan un marco legal a la Consulta Popular va desarrollándose aceleradamente. Los integrantes de la Cámara Electoral debieron comenzar con la tarea el pasado miércoles 2 de junio, cuando se difundió el Decreto Nº 342 que confirmaba el llamado a la Consulta Popular en la provincia para definir el apoyo o no la reforma constitucional.

El jueves 3, se definió la reglamentación que establece los pasos y plazos que se deben seguir para darle curso al trámite.

El llamado

Si bien la difusión de la convocatoria para el llamado a Consulta Popular la realizó el mismo gobernador rionegrino, el pasado lunes 31 de mayo, por la tarde, la determinación fue oficializada el miércoles 2 al mediodía, cuando se envió a la Justicia Electoral el texto del decreto que confirmaba la convocatoria.