Ante la reciente gira que emprendieron varios diputados del FVS por algunas localidades provinciales intentando explicar la prórroga de las concesiones petroleras, el presidente de la bancada Radical en la Legislatura Provincial remarcó que los legisladores deberían explicar sobre todo por qué no defendieron los intereses de la provincia.

Hallar enfatizó en que la Ley sancionada recientemente permite a las empresas continuar operando en la provincia prácticamente en las mismas condiciones actuales hasta el año 2026, consolidando el modelo de privatización menemista que favorece a las empresas, al permitirles la apropiación de casi toda la renta petrolera en desmedro de los intereses provinciales.

"Perdimos la posibilidad de discutir quién se queda con la renta petrolera. Con esta nueva Ley vamos a permitir que las empresas se queden con más del 80% de los ingresos que generan los hidrocarburos de nuestra propiedad, en lugar de instrumentar un sistema diferente que nos haga socios de las empresas. Desde el oficialismo se plantea que vamos a cobrar hasta el 2026 un monto cercano al 15 por ciento en concepto de regalías, y la pregunta a formularse es: ¿qué pasa con el otro 85 por ciento?, ¿quién se lo lleva? Si el petróleo nos pertenece, de acuerdo con la reforma de la Constitución Nacional de 1994 y la Ley de provincialización de los hidrocarburos, ¿por qué sancionamos una legislación que nos condena a percibir desde ahora hasta el 2026 apenas 15% de estos importantes recursos naturales no renovables?".

Hallar también dejó claro que el Frente para la Victoria convalidó la entrega de los recursos provinciales a las empresas, de la misma forma que ya lo había hecho cuando acompañó e impulsó la privatización y posterior venta de YPF en la época de Menem.

"No se defendieron los intereses de Santa Cruz, y no se tomó en cuenta nuestra propuesta, que consistía en implementar un sistema de asociación entre las empresas concesionarias de explotación de los recursos y la provincia como dueña de los mismos", denunció Hallar y agregó que los diputados oficialistas plantean que con esta norma recientemente sancionada la provincia va a obtener entre 300 y 400 millones de dólares en concepto de canon de prórroga, pero nosotros demostramos que, si reclamamos lo que le corresponde a Santa Cruz como dueña del recurso, deberíamos cobrar 450 millones de dólares más por año, no por única vez".

El legislador remarcó que el monto total que podría alcanzar el negocio petrolero durante el período de las concesiones prorrogadas en Santa Cruz, teniendo en cuenta la producción petrolera sería de cerca de 100 mil millones de dólares, de los cuales el Estado sólo recibiría un monto insignificante en relación a las ganancias de las empresas: "De los cientos de miles de millones que mueve la actividad petrolera, Santa Cruz recibe sólo 900 millones por año, nada más, esto es lo que pretendíamos que se revierta, para aplicar un sistema que sea más justo y que respete los intereses de la provincia. Porque estamos hablando de recursos no renovables, que tienen un valor estratégico. Entregarlos a las mismas empresas y prácticamente en las mismas condiciones hasta el 2026 no es una solución, sino que sólo prolonga el statu quo y condena a la provincia a ser espectadora ante las enormes ganancias de las empresas".

Hallar también explicó que la UCR presentó una propuesta alternativa en la que se exigían auditorías técnicas, económicas y ambientales independientes para conocer el real estado de los yacimientos; una auditoría de inversiones ejecutadas en los últimos 5 años discriminadas en: exploración sísmica, 2D, 3D; reinterpretación de sísmica existente; pozos perforados; sus resultados; explotación y producción; ampliación de la capacidad instalada; mejora o reposición de activos; reservas probadas y desarrolladas; aceleración de la extracción; mejoras tecnológicas que apunten a la optimización o simplificación de los procesos productivos; instalaciones de superficies necesarias para optimizar los procesos de extracción; tratamiento y transporte. Además, en la propuesta radical se generaba un nuevo modelo de trabajo conjunto entre las empresas y el Estado, según el cual se generaría una asociación en que la provincia como dueña de los recursos compartiría en partes iguales la renta petrolera.

"Nuestra propuesta es para que el Estado se quede con el 50% de la renta, como están haciendo en Brasil, en Indonesia, en Bolivia y en todo Medio Oriente; mientras que el Frente para la Victoria resolvió que sólo sea el 15% lo que le corresponde a Santa Cruz, está claro que no defienden los intereses de la provincia y que continúan con el mismo modelo de los años 90", concluyó el diputado radical.