En el ministerio de Hacienda estiman que el ajuste por inflación en los balances de las empresas tendrá un costo fiscal de unos $45.000 millones anuales en el peor escenario. Se trata de una iniciativa que será enviada al Congreso en septiembre junto con el proyecto de Presupuesto 2018 y que permitirá actualizar hacia adelante el valor de los bienes de forma opcional a cambio de una penalidad que será cobrada por única vez.

2 años

es el plazo por el que lo recaudado

por la penalidad -80.000 millones

como máximo- permitirá equiparar

a lo perdido en el impuesto a las

Ganancias en el peor escenario, de

unos 45.000 millones anuales por

el revalúo de activos

En la cartera conducida por Nicolás Dujovne reconocen que "como el blanqueo, es difícil de calcular" el impacto que tendrá sobre la recaudación, ya que a priori no se puede saber el número de compañías que adhieran a esta posibilidad que busca aliviar la carga fiscal de Ganancias.

Este ajuste era un viejo reclamo empresario y habilita a deducir el tributo a partir del precio de mercado del bien y no del pasado, lo cual evitaría que se pague impuesto a las Ganancias por beneficios ficticios.

Según adelantó Dujovne, "las empresas podrán realizar el ajuste por inflación en sus balances pagando una penalidad. De este modo, en el próximo ejercicio podrán presentar el impuesto a las ganancias de acuerdo con su balance real".

Este ajuste será opcional y sólo hacia adelante, es decir, no podrá ser aplicado de forma retroactiva.

De esta manera, el Gobierno evita que la medida tenga un costo fiscal elevado y no fogonea la suba de precios como sería el caso del ajuste por inflación tradicional que estuvo vigente hasta que se sancionó la ley de Convertibilidad, cuyo artículo que prohibe la indexación sigue vigente.

En Hacienda aclaran que la penalidad cobrada por única vez que habilitará a las empresas a ajustar el valor de sus bienes de ahí en adelante implicará ingresos fiscales por $20.000 millones en el peor caso y $80.000 millones en el mejor, por lo que si se cumple este último escenario se cubriría por dos años la máxima pérdida fiscal estimada por los técnicos de la cartera originada en el revalúo de los activos.

El problema es que, al igual que el blanqueo, en donde la multa era un ingreso puntual y la contraparte era el flujo de jubilaciones, con el ajuste por inflación sucede lo mismo porque se trata de una merma en la recaudación que se sentirá en todos los ejercicios.

Otro de los problemas que hubiera tenido el ajuste por inflación tradicional es que hay empresas a las que no les conviene porque se benefician con la suba de precios. Por ejemplo, si pierden con la devaluación no podrán descontar ese resultado negativo del impuesto a las Ganancias, había advertido el titular de la AFIP, Alberto Abad.

En ese sentido, en el organismo recaudador creen que con este nivel de inflación aplicar esa alternativa sería inviable. Por eso el revalúo para los activos se lanzará recién ahora que se redujeron la expectativas en la suba de precios, con una inflación del 5% proyectada para 2019 y en torno al 10% para 2018.

De hecho, como el ajuste por inflación fue avalado en algunos casos puntuales por la Justicia, el Banco BBVA Francés lo aplicó en su último balance, lo que hizo reaccionar duramente al Banco Central con la obligación de hacer una previsión de más de $1.000 millones y a la AFIP con una inspección relámpago a sus oficinas.

"El ajuste por inflación tradicional no beneficia a todos. En cambio, este revalúo sí", aseguró el tributarista César Litvin en diálogo con BAE Negocios.

 

Las claves de la iniciativa

"Pagando una pequeña alícuota, las empresas van a poder reexpresar el valor de sus activos, y al año siguiente, al pagar ganancias, van a poder deducir la amortización verdadera de sus bienes, porque sus balances van a reflejar el valor real de sus activos", dijo Dujovne.

"Eso permitirá que las empresas tengan balances que reflejen la realidad y las haga sujetos de crédito", detalló el funcionario.