Según anuncios del gobernador Weretilneck en los últimos cuatro meses de este año se convocará para la elección del nuevo integrante del STJ, para comenzar el año judicial el próximo 1º de febrero de 2013 con el tribunal absolutamente renovado.

La mutación operada en la cúpula del cuerpo, se produjo en un momento singular de la vida institucional de la provincia, por la coincidencia de hechos y circunstancias que aparecen como obra de la casualidad, y que no los hacen demasiados comprensibles para el rionegrino común, el que esta alejado del ejercicio y las consecuencias del poder.

Es que en las mismas vísperas de la renuncia interpuesta por el Dr. Víctor Sodero Nievas a su cargo de vocal en el STJ, el tribunal constituido en ese mismo acto, designó como presidente a quien estuvo cuestionado y tenía un pedido de juicio político, abortado al día siguiente y que cumplirá un desempeño provisorio de algunos meses.

No habría que hablar aquí de casualidades, un término inexistente en el frío análisis de la política, sino mas bien de una causalidad con su correspondiente efecto: el gobernador Weretilneck habría insinuado ese paso a favor de Sodero Nievas, con el argumento cierto de aprovechar su experiencia en este tramo inicial de este nuevo STJ.

Pero en realidad y fundamentalmente, para cumplir el compromiso de facilitarle una salida honorable y lejos del escarnio que significaba el juicio político, que finalmente fue remitido piadosamente el archivo.

La fotografía oficial mostrando a los doctores Mansilla y Barotto, junto a Sodero Nievas y la Procuradora General, Liliana Piccinini –cuyas relaciones serían muy complicadas- tiene un valor puramente social y es una prueba de la convivencia forzada que obligará a cada uno, de aquí en adelante.

Sodero Nievas mientras tanto sueña cumplir con el interinato que le resta, amortiguado por las licencias que le corresponden, lo que permite suponer que se retirará antes de lo previsto para volcarse a su estudio de abogacía, la docencia y la actividad política que retomará en el justicialismo.

El alejamiento de los jueces Luís Lutz y Alberto Balladini y la nueva composición del tribunal mayor, han determinado una alteración en la relación de fuerza y en los votos, resultado que Sodero Nievas había comentado, en cuanto que ahora su voto pasará a ser minoritario y con la novel conducción los rumbos serán diferentes.

Volviendo al promisorio horizonte de expectativas generadas en la sociedad rionegrina con este tiempo que se avizora en la justicia, hay que subrayar como cuestiones positivas el avance que se está produciendo en las tareas que conducirán a la reforma procesal penal y la creación de una policía judicial integrada por técnicos y especialistas para terminar con gravísimos casos irresueltos, y con la impunidad de sus autores.

Como casos emblemáticos sólo hay que mencionar algunos de ellos: el doble crimen de Río Colorado en 1980, los triples crímenes de Cipolletti en 1997 y 1999, respectivamente, el crimen de Atahualpa Martínez en 2008 en Viedma y ahora el inquietante caso del desaparecido Luís Solano, el peón rural salteño desaparecido en 2011 en Choele Choel, donde hay presunciones que haya policías implicados en el caso.

La pregunta que no tiene respuesta es si la sociedad rionegrina en su conjunto puede seguir aceptando este tipo de cosas, y haya que resignarse a tanta ineficiencia de las autoridades, en pequeñas comunidades o ciudades de relativo tamaño, sin que nunca nadie sepa nada o no pueda suministrar ni la menor referencia y, cuando las hay, las impericias de la investigación conducen a un camino sin salida.

LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Sin lugar a dudas la lucha contra la corrupción es uno de las principales exigencias sociales junto al empleo y el salario, que encuestas han detectado en los distintos niveles del pueblo argentino desde 1983, coincidente con el retorno a la democracia.

Es frecuente escuchar repetidas invocaciones a la transparencia de la gestión pública y de la recuperación de la ética en la administración del estado. Discursos que gozan de prestigio y resultan factores movilizadotes importantes de la gente, por sobre las etiquetas partidarias.

Es oportuno recordar los 5 millones de votos que obtuvo el FREPASO en los comicios presidenciales de 1995 cuando la ciudadanía capto la gravitación del mensaje de recuperación ética, quebrando la hegemonía de radicales y peronistas.

El mismo agrupamiento consiguió mayorías en la Capital Federal en tres elecciones consecutivas, la de constituyentes en abril de 1994, la presidencial en 1995 y la de senadores nacionales en octubre de 1995.

Merece recordarse que el Grupo de los Ocho, que entonces integraba “Chacho” Álvarez, referente del Frente Grande sostenía: “la política contra la corrupción, no debe ser una política mas. Es condición de supervivencia como nación, que lucha contra la corrupción adquiera centralidad, se convierta en el espíritu rector de un proyecto de recuperación moral, de justicia social y de austeridad”. En otro orden y sin ir más lejos, el Frente para la Victoria en Río Negro (PJ y FG), utilizó durante toda la campaña electoral un discurso invariable orientado a denunciar hechos de presunta corrupción en la administración radical, y graves cuestionamientos a la justicia por posibles connivencias con el poder política, para garantizar la impunidad de los funcionarios.

El resultado de los comicios favoreció a la fórmula Soria – Weretilneck con el 54% de los votos emitidos, y con una asombrosa homogeneidad territorial. No se puede negar que los guarismos tuvieron mucho que ver con esos ejes discursivos de gran penetración social.

Una justicia autónoma, dispuesta a cumplir con su deber y con recursos, puede impulsar un basto movimiento de regeneración ética y renovación política, como ocurrió en Italia y en otros países. El tribunal que imaginan los rionegrinos aspira que los jueces investiguen y juzguen con eficiencia, sin demoras, y el culpable encuentre el severo castigo que merece, sin que el delito cometido se pierda en inexplicables laberintos.

Y aventar así, las generalizadas sospechas cultivadas por la realidad, que se multiplican en el imaginario colectivo, por haber conocido funcionarios que se fueron más ricos que cuando ingresaron a los sucesivos gobiernos.

Se dice así, que “la coima” es una moneda de uso corriente que circula desde las mas importantes obras públicas hasta las licitaciones de rutina, donde generalmente algunos empresarios que aparecen como competitivos –obviamente no se puede generalizar-, son los que con alguna seña oficial entregan menos mercadería de la que establece el pliego de condiciones, bajan la calidad de los materiales o hacen menos que lo que deberían.

La lucha contra este flagelo es un compromiso del gobierno y hay miles de miradas inquisidoras que velan por su cumplimiento.

EL JUICIO POLÍTICO QUE NO PUDO SER

Finalmente el juicio político contra Sodero Nievas cumplió con todos los ritos iniciáticos y formales, que establece la Constitución rionegrina en su Artículo 150º y subsiguientes, pero se diluyo rápidamente, sin pena ni gloria, como un castillo de arena barrido por el mar.

Era en realidad, la crónica de una muerte anunciada con demasiada anticipación. Hasta podría decirse que resultó una puesta en escena para presionar o inducir a su presunta víctima, que había llegado el momento de optar entre la renuncia a sus funciones como juez, o aguardar la resolución del tribunal legislativo que lo destituyera.

La iniciativa para imponer ese montaje la tuvo el por entonces gobernador electo Carlos Soria, quien eligió como verdugo en esa operación al ex legislador Fabián Gatti, quien interpuso y ratificó después la denuncia penal.

Se puso así en marcha el mecanismo que se convirtió en una inútil mascarada el mismo día 17 de mayo, fecha en que la Comisión de la Sala Acusadora debía decidir acerca de la viabilidad del juicio político.

Por supuesto que Sodero Nievas no esperó que la guillotina recayera sobre sus cervicales, y presentó presuroso la renuncia al cargo de vocal del STJ, un compromiso que había contraído con el gobernador Weretilneck en enero de este año celebrado sigilosamente en su domicilio particular.

Días antes había fallecido el ex gobernador Soria y una frase para muchos desafortunada del juez en referencia a esa familia, provocó una airada reacción de Martín Soria, el hijo del extinto, y los dirigentes de ese sector del justicialismo arreciaron sus embates para provocar su alejamiento.

En aquel encuentro Sodero Nievas se mostró decidido a no ser una víctima propiciatoria, ni a alejarse como derrotado de altas funciones. Recordó su trayectoria justicialista, su pasado como diputado nacional y candidato a gobernador en 1991, y negoció un retiro honorable, garantizado por el poder que con ligeras variantes hoy se conoce en detalle: renuncia, caída del juicio político, archivo del expediente y un interinato hasta enero próximo para su desvinculación del STJ.

En los últimos meses trabajó intensamente en defensa de su supervivencia política e institucional. Apeló a sus vinculaciones con la corporación judicial con asiento en Buenos Aires que reaccionó de inmediato. En los diarios Clarín y La Nación se publicaron sueltos periodísticos haciendo alusión referidas a denuncias de persecución a jueces en Río Negro y otras por el estilo.

Inclusive deslizó amenazas acerca de la posible presencia en la provincia de veedores de la Corte Suprema de Justicia para verificar lo que estaría aconteciendo.

Weretilneck, que había sido atrapado por el viejo conflicto que se le plantean a los gobernantes entre el cumplimiento de los fines y el empleo de los medios, no dudó. Eligió preservar el objetivo de promover el cambio en la justicia y alterar el medio, es decir descartar el juicio político y alentar la renuncia de Sodero Nievas, así como su salida sin estridencias del alto cuerpo judicial.

Como dijo Perón alguna vez “para lograr los cambios entre la sangre y el tiempo, elijo el tiempo”. Es que el gobernador en aquello dificilísimos momentos de enero, recién fallecido Carlos Soria y al frente de una balbuceante administración, no podía afrontar un escándalo mediático a nivel nacional, escenario donde debía acudir por urgentes necesidades de auxilio financiero, y por una elemental cuestión de imagen. Ni tampoco favorecer conflictos artificiales que multiplicaran las dificultades de un gobierno recién nacido. La historia reciente es conocida.

Al desencadenarse los acontecimientos, en la Comisión de la Sala Acusadora triunfó la posición de enviar al archivo el expediente, avalado por Adrián Casadei y Alejandro Betelú de la UCR con el aporte de Luís Esquivel del PJ, mientras que a favor del juicio lo hicieron Ana Piccinini y Luís María Bartorelli, también del justicialismo.

Este episodio tuvo como correlato el frente unido que presentó el núcleo gobierno – partido, a través del gobernador Weretilneck y el senador Miguel Pichetto, y el disciplinado bloque de legisladores bajo la conducción de Pedro Pesatti que en su inmensa mayoría se alineó con la decisión oficial. El no acatamiento corrió por los nombrados Piccinini y Bartorelli, además de los legisladores Rosana Fernández y Rubén Torres.

En una posición crítica se ubicó Martín Soria, calificando a la renuncia de Sodero Nievas como “retiro diferido y pactado que no resulta aceptable para la ciudadanía ni para el servicio de justicia”, a quien en esta ocasión no acompañaron ni el vice gobernador Carlos Peralta, quien desde Buenos Aires informó su apoyo al punto final del juicio político, ni el Secretario General de la Gobernación Julián Goinex, quien adoptó idéntica posición y reclamo su derecho a disentir.

Es así, que en el balance general de todo el proceso el gobernador Weretilneck se alzó con un triunfo político, cuya concepción y desenlace, lo tuvo como principal protagonista y que se contabiliza como un paso adelante en la gradual consolidación de su liderazgo.

El propio Weretilneck se encargó de contactar a los principales referentes del sector disidente instándolos al accionar común por los distintos pareceres que se pueden tener en cuestiones puntuales, y que no violentan el proyecto político en marcha.

Otro dato de valor fue la ratificación de la sintonía cada vez mas estrecha con el senador Miguel Pichetto cuyas estrategias e intereses políticos van ganando espacio, a tal punto que se habla de un trabajo en conjunto y la constitución de un eje de indudable gravitación en el justicialismo y el Frente Grande.

PROYECTO PARA UN TRIBUNAL DE CINCO JUECES

En los ámbitos allegados al gobierno se comenta un acuerdo entre el oficialismo y la oposición para reformular la ley vigente y aumentar a cinco los miembros del Superior Tribunal de Justicia.

Sin perjuicio de que habrá un proyecto de ley propio, existe un valioso antecedente legislativo que data del año 2004, cuya autoría corresponde al ex legislador Fabián Gatti, que persigue el mismo objetivo. Gatti menciona como antecedente, que surge de la propia demanda creciente del servicio de justicia la oportuna creación de la cuarta circunscripción judicial con sede en Cipolletti que ocupaba mas del 50% de la actividad jurisdiccional de la segunda circunscripción judicial, con asiento en General Roca.

También puntualiza que el derecho a aplicar es el mismo, cualquiera sea el lugar “lo cierto es que en lo institucional y administrativo, en lo funcional, es conveniente que se refleje en la integración del mas alto cuerpo judicial un merecida presencia de una representación equilibrada y adecuada”.

Suma a ese argumento la sobrecarga de actividad jurisdiccional en la corte provincial, situación que ilustra con un esclarecedor aporte de cifras y estadísticas sobre expedientes ingresados, autos interlocutorios y sentencias definitivas que ingresaron al STJ en los años en que el alto tribunal funcionó con cinco jueces primero, y cuando se produjo la disminución a tres.

LOS ORGANISMOS DE CONTROL EN LA MIRA

El gobernador Weretilneck sufrió un fuerte disgusto cuando conoció las remuneraciones que se habían fijado los integrantes de los órganos de control apelando a algunos subterfugios e interpretaciones sui generis, que llevaron sus sueldos por las nubes.

Ante el exceso de generosidad que tuvieron para sí mismos los funcionarios, desde el ejecutivo se envió un proyecto a la legislatura fijando como tope salarial el 70% del sueldo bruto que percibe el vocal del STJ con mayor antigüedad.

El proyecto suscripto en acuerdo general de ministros, en sus considerandos implica una crítica mas que directa a quienes han incurrido en este privilegio “que no escapa al criterio del poder ejecutivo que la ausencia de una pauta uniforme en la determinación de las remuneraciones de los titulares de los órganos de control externo, ha merecido recientemente un reproche social signado por la falta de claridad en la determinación de los mismos”.

La actitud del gobernador, que ha sido bien recibida, hizo que algunos funcionarios de otras áreas del gobierno hayan acudido a las calculadoras para contarles “las costillas” a sus colegas aludidos para comprobar como queda la cosa después de la reacción del gobernador y su correspondiente filípica. (APP)