Desde la incorporación del autor de estas líneas al cuerpo, en representación del Colegio de Abogados de la primera circunscripción judicial, he advertido algunas carencias y debilidades que, por su entidad merecen ser corregidas para allegar un óptimo funcionamiento del órgano, entre las que se contabilizan las siguientes.

* En primer lugar, es indispensable que en ocasión de la entrevista que el Consejo realiza a los candidatos a magistrados, esa reunión no siga realizándose a puertas cerradas, abriéndose el coloquio a la presencia de todos los ciudadanos que quieran asistir a él, como también a los medios de prensa.

La razón que sustenta este requerimiento es muy elemental. El derecho a la Información Pública, en cuanto atributo inalienable de la sociedad, nos impone a quienes tenemos el honor de integrar el Consejo de la Magistratura, el consiguiente deber de someternos al juicio de la opinión pública y a rendir constante examen ante ella de nuestros actos. Es siempre preferible la crítica abierta y la discusión pública que el rumor de pasillo, a veces infundado, de prácticas non santas que terminan atribuyéndose al Consejo.

Además, no resiste el menor análisis que se controlen los actos del Ejecutivo, las sesiones de la Legislatu-ra o, las audiencias del Judicial y el Consejo de la Ma-gistratura haga del enclaustramiento su modus operandi.

Si este recaudo se hubiera observado, con seguridad que la institución habría sido advertida de algunos yerros garrafales que se registran como débitos institucionales. Así, por ejemplo, la manifiesta inobservancia del sistema de calificaciones establecido por la ley que lo organiza, con grave mengua para medir la idoneidad de los abogados examinados y la regular intervención del Fiscal General en los coloquios, quien no obstante no forma parte del cuerpo, interroga a quienes concursan para desempeñarse como fiscales, defensores o asesores.

Hice notar estas anomalías, pero aún no merecieron respuesta alguna.

* Es necesario, también, que los abogados que se presentan sean calificados por su antigüedad en el ejercicio profesional con la misma cuantía que se reconoce a los jueces. Ello así, puesto que un discriminatorio Reglamento todavía vigente, le confiere mayor puntaje en el rubro “Antecedentes” a quienes se desempeñan en el Poder Judicial, con grave como injusto detrimento para quienes hacen de la abogacía su medio de vida.

A fines de 2011, la Federación Argentina de Colegios de Abogados formuló público reclamo por esta cuestión.

* No es posible, tampoco, que contando con presupuesto propio de alrededor de un millón seiscientos mil pesos -desde mediados del año pasado- esa suma no se ha haya utilizado para el objeto central de lo que fue su requerimiento, como lo eran el de tener sede propia, mobiliario y personal que pertenezca al Consejo, formado en correspondencia con las finalidades del instituto.

Por el contrario, tengo noticias de que un altísimo porcentaje de esa suma pasó a ejercicio vencido en el pasado año, lo que en la jerga se identifica como “devolución” de partidas. Todo, cuando funcionamos con casa, personal y útiles “prestados” del Poder Judicial.

Lo particularmente grave de la inicua situación es que el Consejo –órgano a quien se adjudicó el presupuesto- no tuvo oportunidad de adoptar decisión alguna al respecto. Jamás se lo convocó a una reunión para que quienes lo integran puedan definir en qué se iban a utilizar esos fondos y, lo que es más, nunca se informó a sus componentes de la existencia de ellos. Las consecuencias están a la vista.

A quien le quepa ponerse el sayo que se lo ponga.

Solo aspiro a que este Consejo que por su conformación y mecanismo de designación de magistrados, es único en la Argentina, no se frustre en sus altos objetivos institucionales.

(*) Miembro del Consejo de la Magistratura de Corrientes en representación del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial.

Mario A. R. Midón (*)