Por Enrique Cresto

La pandemia del Covid-19 paralizó la economía y afectó la salud de las personas en la mayoría de los países del mundo, dejando un panorama sin precedentes en nuestra historia. En este contexto, la única certidumbre que tenemos es que el lavado de manos es fundamental para afrontar los contagios y evitar incesantes colapsos del sistema sanitario.

Esta certeza se vuelve una urgencia cada vez más relevante, en un mundo donde -según un informe que presentó la ONU y UNICEF en 2019- 1 de cada 3 personas no tiene acceso al agua potable y más de la mitad no tiene acceso a servicios seguros de saneamiento.

La experiencia de la pandemia ha dejado en evidencia la necesidad de asegurar el acceso al agua, garantizando su calidad y achicando las brechas y asimetrías existentes. En efecto, la cuestión del agua -como otras vinculadas a la distribución de los recursos- merece ser atendida desde una perspectiva federal: mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta actualmente con una cobertura de agua cercana al 100%, provincias como Misiones, Buenos Aires y Santiago del Estero presentan un 72%, 75% y 76% de cobertura respectivamente. Cuando hablamos de ¨justicia hídrica¨, hablamos de achicar esas diferencias, nivelando ¨para arriba¨.

Al momento de asumir, el gobierno de Alberto Fernández tomó una decisión estratégica: apalancarse en la obra pública como motor del crecimiento económico y la mejora de la calidad de vida. Ello se refleja en las decisiones presupuestarias: del 100% del presupuesto nacional destinado a obras públicas, el 25% sería utilizado para el desarrollo de obras de agua y saneamiento en todo el país.

Esto representó un aumento histórico, teniendo en cuenta que al momento de asumir (2019), el presupuesto destinado a esas tareas fue del 4%. A nivel macroeconómico, la inversión en agua y cloacas dispuesta por el presupuesto nacional se redujo del 1,5% en 2013 a 0,5% en 2019.

 

Desde el Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento (ENOHSA), según lo encomendado por el Presidente de la Nación y el Ministro de Obras Públicas -Gabriel Katopodis- pusimos en marcha obras hídricas en todo el país, así como reactivamos todas las obras paralizadas del mapa federal. Gracias a este esfuerzo, pasamos de tener 15 obras en curso en 2019 a las casi 1000 obras previstas para fines de este año.

 

Pero es hora de ir aún más allá: para que la cuestión del agua no dependa de la voluntad política del gobierno de turno, es preciso institucionalizar los esfuerzos a partir de una Ley Federal del Agua, que garantice las mismas oportunidades y derechos de acceso al agua segura a todos los habitantes del suelo argentino. Se trata de una ley que encuentre inspiración en otras iniciativas latinoamericanas pero que tenga su propia impronta, siendo construida por los distintos actores de la sociedad, es decir, las comunidades, las provincias, intendencias, universidades y ONGs.

Que establezca un piso para las decisiones presupuestarias en torno a las obras de agua en nuestro país, siguiendo la experiencia de la Ley Nacional de Educación; momento en el cual pudimos ponernos de acuerdo respetando los criterios federales y las diversidades regionales, construyendo una ley de manera colectiva para garantizar el derecho humano de acceso a la educación.

 

Solo cerrando las brechas existentes vamos a poder garantizar el acceso al derecho humano del agua segura, universal y sin asimetrías, para que los argentinos y las argentinas tengamos buena salud y estemos preparados para sortear los desafíos que nos presenta el mundo moderno.

 

(*) Administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento (ENOHSA).