Jorge Sapag no se anduvo con vueltas a la hora de mostrar su dedicación hacia el tema que más le importa a su gobierno. “Le pido a Dios todos los días”, dijo el gobernador neuquino, refiriéndose, claro, a Chihuido I, la represa que podría garantizar trabajo, durante 4 ó 5 años, para miles de personas, como efecto más inmediato de una obra muy necesaria para el control del río Neuquén, además que para producir energía.

El mandatario provincial es optimista al respecto. Dice que espera poder anunciar la adjudicación antes que venga a Neuquén la presidenta Cristina Fernández, a mediados de octubre. “Hoy o mañana el ministro (de Economía, Amado) Boudou firmará la carta de intención” con el compromiso de garantía del Estado nacional, que irá al banco brasileño estatal BNDS, para que destrabe el crédito necesario para la obra, dijo, tras reconocer que “estuvimos trabajando con los funcionarios nacionales hasta las 11 de la noche”.

“Le pido a Dios todos los días” para que se concrete el emprendimiento, sostuvo el gobernador neuquino, en una conferencia de prensa concretada este jueves en la Residencia oficial de la Costa.

Sapag tocó otros temas. Por ejemplo, reconoció que “vamos a poner el hombro para que la planta (Polar, de Coca Cola) siga abierta. Se entiende (no lo explicó) que se evalúa algún tipo de ayuda para la reconversión tecnológica de esta planta, exigida por la multinacional de las gaseosas. El gobernador estuvo en esa planta este jueves, invitado por los empleados y el sindicato SUTIAGA. “Nos abrazamos con los trabajadores, todos muy felices”, dijo.

Le preguntaron también por el decreto que provocó una fuerte alteración en el Deliberante capitalino, que designó dirigentes vecinales en el Estado como asesores. Sapag defendió esa decisión y hasta se permitió dudar de la constitucionalidad de la ordenanza que prohíbe expresamente ser funcionario político en el Estado, y al mismo tiempo integrar a comisión directiva de una comisión vecinal.

El gobernador explicó que las designaciones se hicieron ante la necesidad de coordinar obras en los barrios. Explicó que el desarrollo para los barrios capitalinos “no solamente lo vamos a consensuar con el intendente sino también con las comisiones vecinales”.

Cuando se le recordó que la existencia de la ordenanza que estipula una incompatibilidad entre cargos, Sapag evaluó que “hay que analizar” esa normativa. Destacó que “ninguno (de los dirigentes designados en planta política) está cobrando sueldos en la provincia y el municipio al mismo tiempo”. Y estimó que si alguna ordenanza “impide estar en la función pública”, es un tema que tendrán que ver los mismos dirigentes vecinales. “Hay que ver, si la ordenanza es inconstitucional”, dejó caer el mandatario provincial.

La cuestión del peaje en la ruta 7 estuvo también en el tapete, a pocas horas de que se hiciera una manifestación impulsada por UNE y Libres del Sur. Sapag confirmó que se trabaja al respecto y que “mantener las actuales condiciones y hacer una licitación es una alternativa” que se evalúa, aunque siempre considerando que hay que “abstraer las cuestiones pendientes” de esa licitación. Es decir, los reclamos cruzados entre las partes: un crédito impago al IADEP, por un lado, y una demanda contra el Estado (de 45 millones de pesos) por el otro.

“No hay que buscar culpables, aquí hubo una crisis económica”, dijo el gobernador, para después sostener que la solución pasa “por tener un peaje con un precio razonable, justo”.

“No voy a adoptar una conducta demagógica que afecte a las 45 familias que dependen de ese trabajo. Estamos estudiando la licitación”, reafirmó, en clara alusión a los sectores que exigen que se elimine el sistema de peaje y se haga cargo Vialidad Provincial del mantenimiento de la ruta.