La Cámara de Diputados está en la cuenta regresiva para tratar un tema que divide aguas en la sociedad mendocina: la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge. Pero, más allá del análisis de los pro y los contra de la minería a cielo abierto en Uspallata, a los legisladores les falta un documento que completa la DIA: el acta acuerdo por la que se crea el Fondo de Desarrollo Socio-Ambiental, fondo que se compone del cobro de mayores regalías por la explotación.

El martes, se realizará la última consulta a especialistas en el tema, una extensa ronda que comenzó a mediados de marzo pasado con la visita de técnicos de todos los colores y con posiciones diversas en torno al proyecto. Algunos sostienen que no hay más que discutir porque las posiciones están tomadas, a favor o en contra (ver aparte).

Nadie se atreve a dar un veredicto acerca del resultado final de la votación, pero tampoco puede avanzarse en su discusión en el recinto, porque falta el convenio que, de acuerdo a lo que indica el artículo 12 de la resolución 19/2011, forma parte de la DIA. Sin el documento, la declaración de impacto está incompleta y, según del diputado del Peronismo Federal Roberto Blanco, no puede tratarse en el recinto.

De hecho, el 15 de marzo pasado, Blanco presentó un proyecto por el que solicita al Ejecutivo que remitan el acta acuerdo. Casi dos meses después, el convenio con Coro Minning por la conformación del Fondo de Desarrollo Socioambiental (que debería incluir el compre mendocino y la obligatoriedad de tomar mano de obra local) no llega a la Legislatura y no forma parte del análisis de los diputados.

Blanco coordina las comisiones que están analizando la DIA de San Jorge. En calidad de tal requirió este documento a dos reparticiones del Gobierno: el Ministerio de Infraestructura y la Secretaría de Ambiente, una conducida por el actual precandidato a la gobernación Francisco Pérez, la otra por el frustrado precandidato Guillermo Carmona.

Desde Casa de Gobierno responden que el tema debe ser definido por la Secretaría de Ambiente. Y el flamante secretario, Pablo Gudiño, dice que no está al tanto de la cuestión y que, en cuanto vuelva de Buenos Aires (donde se encontraba ayer, cuando Los Andes lo consultó), se pondría en contacto con el diputado Blanco para ver cómo resolver la cuestión: "Recién asumí ayer (por el martes), realmente no estoy interiorizado en el tema". Cabe aclarar que el temprano viaje de Gudiño fue para presentarse en la Secretaría de Ambiente de la Nación.

Por lo pronto, Blanco espera el acta acuerdo. La demora parece deberse a la pugna interna entre Carmona y el resto de los hombres de Celso Jaque. Carmona nunca fue un convencido de la minería, a diferencia de buena parte de los miembros del gabinete, incluido el propio ministro de Infraestructura y precandidato del PJ.

De hecho, el antecedente inmediato es un contrato de similares características con la empresa minera que opera en el extremo sur de la provincia: Vale do Rio Doce, que explota sales de potasio en Malargüe.

Gracias a ese acuerdo, controlado por la Secretaría de Ambiente, Vale debió asumir un compromiso para cumplir con el "Compre mendocino", medida que es una forma de incrementar la tasa de retorno a la provincia de la inversión minera. Varios de los legisladores de la oposición intervinientes le otorgan algún mérito a Carmona en la actitud de Vale por aceptar modificar sus criterios de contratación para que más empresas locales trabajen con la minera.