No está todavía muy claro cómo, pero las versiones indican que el Estado se hará cargo del 25 por ciento de las acciones que tiene actualmente la familia Eskenazi en la empresa petrolera; y el gobierno quiere tomar otro porcentaje de acciones, para posibilitar así que sea el Estado, asociado con la empresa privada Repsol, u “otras que quieran invertir”, el que maneje las decisiones en Argentina.

Desde fuentes vinculadas a las negociaciones, se aseguró que de esta manera el Estado provincial “se sentará a la mesa” del directorio de YPF. Sin embargo, se advirtió que la provincia “no pondrá dinero” para tal fin, sino que el Estado nacional se hará cargo de la inversión necesaria.

No queda muy claro todavía con qué porcentaje de las acciones se quedará el Estado nacional y las provincias productoras. Algunos indican que al 25 por ciento que está ahora en manos del grupo Petersen conducido por Enrique Eskenazi, se le sumará otro 30 por ciento, con lo que el Estado argentino tendría mayoría. Otros son más cautos, y afirman que el gobierno de Cristina Fernández aspira solo a tener un número suficiente como para administrar a nivel país las decisiones estratégicas de la petrolera.

Por lo pronto, este martes el gobernador Jorge Sapag, consultado sobre el tema, confirmó que la línea a seguir es la formación de una empresa mixta, y con participación de las provincias.