La novedad se conoció el mismo día en que otro grupo de damnificados se manifestó frente a las oficinas del IPPV en Roca, donde entregaron un petitorio exigiendo la rápida publicación de los listados por orden de mérito de beneficiarios del plan de 167 Viviendas. Además exigieron al titular del organismo, Luis Bardeggia, que presente soluciones alternativas para las familias no beneficiadas con el plan actual.

La tensión entre los ocupantes y los beneficiarios que aún esperan una solución derivó anoche en incidentes, con una persona atropellada en medio de un tumulto.

Según se informó, anoche cerca de las 23.30 se realizaba en el predio tomado, en Bermejo y el Canal Grande, una asamblea de los ocupantes donde se analizaba el rechazo al amparo. Al parecer, un asambleísta descubrió en el encuentro a una mujer, que no pertenece al grupo que tomó las 87 viviendas sino al sector de quienes postularon a una de las 167 viviendas, se oponen a la toma y pugnan por una solución al conflicto.

Al parecer, la mujer estaba grabando la reunión y al ser descubierta fue echada del lugar de malos modos. Según fuentes policiales, se retiraba del predio en su Wolskwagen familiar gris cuando el vehículo sufrió agresiones y la rotura de vidrios. Alterada, la mujer aceleró y en su huida atropelló a una mujer de los ocupantes, con lo cual se agravó el tumulto callejero, lo que obligó a la policía que custodia el lugar a intervenir.

A medianoche, la conductora se presentó voluntariamente en la Comisaría 3ra. a explicar lo sucedido, mientras los participantes de la asamblea en la toma presentaban a su vez una denuncia por el atropellamiento. Afortunadamente, la mujer accidentada sólo sufrió contusiones y heridas menores y fue dada de alta anoche mismo, se informó de fuentes policiales.

• El amparo rechazado. Los ocupantes habían presentado un amparo para lograr las conexiones de servicios básicos. Amparándose en la Constitución Nacional y Provincial, pidieron a al magistrado que se presten los servicios en forma "inmediata". Además de las empresas Camuzzi y Edersa, el municipio de Roca y el IPPV ya habían rechazado solicitudes similares.

En su fallo, el juez Rodríguez consideró que la vía del amparo requiere de circunstancias especiales: "existencia de arbitrariedad, o ilegalidad manifiesta". O bien de un hecho de arbitrariedad, por lo que consideró que éste no es el caso señalado por lo que lo calificó como "inadmisible" el recurso. Y puntualizó que los propios amparistas reconocieron que "ocuparon" las casas a pesar de no encontrarse todavía adjudicadas. "...Exterioriza una conducta que la jurisdicción no puede amparar, sino antes bien desalentar, y que sólo encuentra lógica explicación en un claro trastocamiento de los principios del Estado de Derecho, pues al margen de los derechos que los interesados pudieran exhibir como adherentes al plan de viviendas, o en su caso para acceder a una vivienda digna, a nadie es dable justificar el ejercicio de la justicia por mano propia, salvo los excepcionales supuestos en los que la ley autoriza a hacerlo y que por cierto no se verifican en esta caso", aseguró en la resolución.