Cuando todavía no empezó el juicio oral y público a los diez represores pampeanos que conformaron el grupo de tareas de la Subzona 14 durante la última dictadura militar, ya está en marcha la segunda parte de este proceso.

Es que el juez federal Daniel Rafecas, titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3 de la Ciudad de Buenos Aires, que procesó a los ex oficiales del Ejército y la Policía provincial en base a los testimonios recogidos hasta 2003, profundizó la investigación sobre la represión ilegal en La Pampa durante el denominado Proceso. A partir de nuevos elementos, confiaron fuentes de los tribunales de Comodoro Py 2002, sumó más de una veintena de casos de víctimas que no habían sido contemplados en el primer proceso, hechos que se juzgarán a partir del lunes en Santa Rosa.

Rafecas se hizo cargo en 2004 del Juzgado que investiga los delitos de lesa humanidad ocurridos en la "megacausa" del Primer Cuerpo del Ejército. Parte de esa "causa madre", son los hechos investigados en la jurisdicción de la Subzona 14, la zonificación militar de la llamada "lucha contra la subversión" que incluía a toda la provincia.

Nuevos elementos.

El magistrado continuó la causa reiniciada en 2003 por el juez interino de ese tribunal, Rodolfo Canicoba Corral, luego de que fueran anuladas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. En base a lo investigado hasta ese momento, lo que constaba en el sumario administrativo levantado en 1984 por el gobierno provincial y que luego tuvo su correlato judicial hasta que ese expediente se "congeló" por las "Leyes del Perdón", Rafecas procesó a los diez integrantes del grupo de tareas.

Aunque la indagación sobre los hechos ocurridos en la provincia continuó, en lo que sus colaboradores llaman un "resabio" de ese proceso. En base a nuevos testimonios y aportes en la causa pampeana, continuó la investigación y profundizó los casos. Cuando en 2006 elevó a juicio la causa, lo hizo por 28 víctimas que figuraban y se constataron en la investigación previa contenida en el sumario administrativo. Luego, incluyó nuevas pruebas e incorporó a los testimonios relevados el año pasado, que no habían sido parte del "viejo" sumario del 84.

No se pudo establecer los nombres de las "nuevas" víctimas, se entiende que pueden ser varios de los testigos que testificarán en el juicio que comenzará el lunes, aunque sus casos no sean juzgados. Por ejemplo, el ex militante universitario José Mendizábal, el ex periodista Nelson Nicoletti o el ex sindicalista Miguel Maldonado, todos detenidos el 24 de marzo del 76 y presos políticos durante meses en Trelew. O los ex estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional, Rosa Audisio y Francisco Tineo.

¿A La Pampa?

Las fuentes consultadas en Comodoro Py indicaron que el Juzgado 3 aún está de feria y posiblemente tome una resolución sobre el curso que tomará el expediente antes de fin de año.

Todavía Rafecas no habría determinado si la causa la seguirá él o, como se espera, la envíe a su colega pampeano, el juez federal Pedro Zabala. Es que luego que el Tribunal Oral Federal 6 porteño definió en 2009 que el juicio debía realizarse en La Pampa por haber ocurrido los hechos que se investigan en esa jurisdicción y por razones de "economía judicial", y esto fue aceptado por el TOF de Santa Rosa, la segunda parte de la causa de la Subzona 14 debería investigarse en nuestro territorio. "Lo más conveniente por la celeridad de la investigación y la proximidad con los lugares y personas afectadas es que se termine de investigar en La Pampa", comentaron los consultados. Sin embargo, confirmaron que todavía no se tomó una decisión en ese sentido.

Ya constatados los secuestros y torturas a más de una veintena de nuevas víctimas, restaría determinar la acreditación de esos delitos. El próximo paso es determinar la materialidad de los delitos y quiénes lo cometieron. En ese caso, nuevamente los represores pampeanos, que ya habrán sido juzgados para cuando haya una decisión al respecto -y tal vez nuevos imputados que zafaron de acusaciones durante el sumario administrativo-, serían otra vez juzgados.

Sobre las amenazas y su información

La noticia que fue publicada en un diario colega de la ciudad sobre las amenazas a dos abogados querellantes de la causa de la Subzona 14, Carina Salvay y Miguel Palazzani y de un periodista de LA ARENA, Norberto Asquini, ya eran conocidas por la redacción de este diario desde días atrás -dos semanas si hablamos del último caso-.

La dirección del diario decidió no publicar esa información adoptando el criterio de que el periodismo debe ser un instrumento que debe ayudar a los actos de justicia y no entorpecerla cuando por ejercer el derecho a informar pueda llegar a lesionar ese objetivo social superior.

Luego de hablar con las tres personas vinculadas de una forma u otra al juicio -los dos abogados cabezas de querella que representarán a las víctimas y el periodista que siguió la causa de la Subzona 14 desde su puesta en marcha en 2003 para este diario- se decidió por criterio editorial y responsabilidad social, más allá de perder la primicia informativa, no publicarla.

Por un lado los tres afectados consideraron que "el protagonista debe ser el juicio y no sus actores", y por otro, con mayor criterio y peso, la información podría llegar a afectar no sólo la comparecencia de víctimas y testigos que se presenten en el juicio sino además modificar sus testimonios ante la posibilidad de verse amedrentados por la divulgación de las amenazas.

Se podrá o no compartir este criterio editorial pero lo que no podrá ponerse en duda es el compromiso de este medio con la investigación a fondo de las violaciones a los derechos humanos de los oscuros años de la última dictadura militar.

"Se reviven todos los horrores"

En otro orden, la abuela de la primer nieta recuperada en el país estará el lunes en Santa Rosa, cuando comience el juicio por la Subzona 14. Antes, habló sobre el difícil momento de los testigos cuando deben declarar.

Es la otra cara de los juicios. La que surge a la luz a la hora de los testimonios pero que al mismo tiempo genera un dolor tan profundo como personal. Son las víctimas y testigos directos de los horrores de la dictadura, que por un lado están frente a la oportunidad de obtener justicia pero que también deben revivir los momentos más oscuros de sus vidas. Elsa Pavón, un rostro visible de esa situación, estará el lunes en Santa Rosa y antes de su llegada habló sobre lo que padecen quienes declaran ante los estrados.

"Por supuesto que llegar a los juicios es un gran logro, una concreción de muchos años de lucha, pero también es muy doloroso porque se reviven los horrores que pasó nuestra gente, es muy duro, muy difícil", reconoció Pavón por Radio Noticias.

Pavón es abuela de la primer nieta restituida judicialmente, preside la Asociación Anahí, y el lunes estará en esta ciudad junto a Ana María Careaga, que en el marco del inicio del juicio de la Subzona 14 inaugurarán la muestra "La búsqueda de Clara Anahí Mariani", desde las 18 en el hall de la Universidad Nacional de La Pampa.

"Me parece que esto nunca se dijo, lo que deben pasar los testigos. Está claro que es un logro fantástico sentar en el banquillo a los represores y preguntarles adónde está nuestra gente y porqué, aunque ellos no contesten. Pero también implica poner el alma, el corazón y los nervios", señaló Pavón.

En cada proceso judicial que se realiza en el país existe el mayor programa de contención posible para los testigos, y allí se apoya cada testimonio después de estar frente a los jueces pero, sobre todo, ante los victimarios.

"Hay equipos de psicólogos que asisten a los testigos y un programa de protección que cada Secretaría de Derechos humanos local coordina con la secretaría nacional. La contención es la máxima que se puede dar, aunque es claro que 34 años después seguir recordando los horrores padecidos es muy duro", expresó Pavón. Aunque enseguida añadió: "pero también son los únicos que pueden contar lo que pasó".

Dos luchadoras

El lunes, Pavón y Careaga disertarán sobre la importancia de la realización de los juicios; políticas públicas sobre Memoria, en conjunto entre el Estado y las organizaciones sociales y experiencias y estrategias de lucha contra la impunidad.

Pavón encontró a su nieta en el '83 y la recuperó en el '94, aunque hoy busca a su hija y su esposo, desaparecidos. Hasta el '90 trabajó junto a las Abuelas de Plazo de Mayo y luego conformó la Asociación Anahí, organismo impulsado y presidido por María Isabel Chorobik de Mariani, para promover, sostener y defender la plena vigencia de los DD.HH., constituyendo una asociación civil sin fines de lucro que tiene como objetivos principales la recuperación y preservación de la memoria histórica, el asesoramiento en derechos humanos y la defensa de la niñez y la adolescencia.

Ana María Careaga, en tanto, es la Directora Ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria (IEM), ex detenida desaparecida, cuya madre María Esther Ballestrino de Careaga desapareció buscándola. Licenciada en Psicología (UBA) y periodista tiene una vasta experiencia profesional y desarrolló una extensa trayectoria en el ámbito de los derechos humanos. Realizó denuncias, presentaciones, charlas y conferencias en el país y en el exterior acerca de las consecuencias del Terrorismo de Estado en Argentina, además de investigar en profundidad dicha temática.

La muestra en la UNLPam será la segunda parte de lo realizado en La Usina, en el marco de los 80 años de la CPA, y luego la exhibición se trasladará a General Pico, desde el 6 de agosto.