La Cámara de Diputados se disponía a aprobar anoche el proyecto de ley que tipifica el terrorismo en la Argentina y castiga el financiamiento de estas actividades con penas de 5 a 15 años de prisión, por primera vez en el país.

La media sanción de la Cámara baja, no exenta de severas críticas por parte de distintas organizaciones sociales como el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, no mostró cambios sustanciales respecto del dictamen que, como adelantó este diario, se votó el lunes pasado.

De este modo, la iniciativa ahora sería aprobada por el Senado la semana próxima, sin modificaciones y así se transformaría en ley, cumpliendo con la última gran exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En la pasada cumbre de octubre, en París, el GAFI señaló a la delegación de funcionarios argentinos que la ley antiterrorista debe estar aprobada antes de la cita de junio del 2012.

El proyecto fija como blanco a los actos que “aterroricen a la población u obliguen a las autoridades públicas o gobiernos extranjeros a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Fuentes oficiales aclararon que “se excluyeron como actos terroristas a las protestas sociales, ya que algunos en el GAFI pretendían que se incluyeran”.

Asimismo, como hasta la actualidad el terrorismo se configuraba con una asociación ilícita con redes internacionales, “se agrega el terrorismo individual y la asociación local sin vínculos en el exterior. Esto será muy bien recibido en el GAFI ya que se ajusta a estándares internacionales”, opinaron en el Ejecutivo.

El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, dijo a BAE que “a mediados de febrero vamos a París con los mayores avances en el plan de acción, de acuerdo con los compromisos asumidos”.

Respecto del punto más álgido del proyecto, expresó que “quedan excluidos de cualquier interpretación los hechos de protesta en defensa de los derechos individuales y colectivos”.

Penas. En forma paralela, se votó la creación del nuevo tipo penal de financiamiento del terrorismo, con penas de 5 a 15 años para el que recolecte o provea fondos.

Si bien los diputados Ricardo Gil Lavedra y Gustavo Ferrari habían presentado proyectos alternativos, el oficialismo impuso la mayoría y no corrigió el dictamen original.

Por su lado, los integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia expresaron el “repudio al nuevo proyecto de ley antiterrorista, enviado al Congreso de la Nación por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 14 de octubre de 2011”.

En esta dirección, convocaron a una conferencia de prensa el lunes, a las 19, en el Salón Cabezas del Congreso. Luego, afirmaron que “como si no fueran suficientes las más de 4.000 causas judiciales que hoy existen en la Argentina contra luchadores sociales, por reclamar condiciones dignas de trabajo, vivienda, salud, estudio y medio ambiente, el Gobierno nacional envió el pasado 14 de octubre al Congreso Nacional un nuevo proyecto de ley antiterrorista”.

A consideración de la organización, este proyecto de ley es promovido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a través del GAFI. “Convocamos al conjunto de la población y de las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos a rechazar el nuevo proyecto represivo y a exigir la derogación de la ley antiterrorista del 2007”, señalaron.