Si no son ocupadas en ese plazo por el grupo familiar, serán desadjudicadas. Así lo establece el proyecto de ley que el Gobierno envió a la Legislatura. Además no se podrán prestar, alquilar o vender.
El Gobierno busca así darle mayor eficacia a su política habitacional. Y asegurarse que quienes se inscriben y pagan una cuota económica por un techo, lo hacen porque realmente lo necesitan.
El proyecto es extenso. Establece desde normas generales para una inscripción, hasta una manera rápida de realizar un proceso de desalojo (para el caso de incumplimientos) y la posterior preadjudicación. “Lo fundamental es que implementamos una política para recuperar las casas una vez desadjudicadas”, explicó el ministro de Inclusión y Política Habitacional Eduardo D’Onofrio, quien detalló que la detección de las viviendas abandonadas la realizará el propio ministerio.
“La mayoría ya las tenemos detectadas, pero con la ley actual una vez que se llega a la desadjudicación hay que avanzar con un proceso de desalojo. La nueva ley establece un proceso administrativo mas ágil para los casos en que una casa esté vacía o abandonada para que la recuperemos lo antes posible”, dijo.
Para los adjudicatarios el proyecto no sólo obliga a habitar la vivienda en un tiempo determinado (15 días), sino que además esa ocupación debe hacerse con la totalidad del grupo familiar que el titular declaró. De esa manera, el Estado se asegura que no se hayan falseado los datos familiares, una información que es clave al momento de priorizar las adjudicaciones. En caso de no cumplir esos dos requisitos “se procederá sin más a la desadjudicación”, dice el proyecto.
Las casas no se podrán transferir, ceder, alquilar o prestar ya sea a cambio de una suma de dinero o en forma gratuita. Y será obligación pagar en tiempo y forma los impuestos y, obviamente, las cuotas mensuales del plan.
El incumplimiento de algunos de esos puntos, también será motivo de desadjudicación “con la rescisión del contrato, la pérdida de las sumas de dinero abonadas y las mejoras introducidas debiendo restituir la vivienda en perfecto estado de conservación al Estado provincial”, dice el proyecto.
D’Onofrio señaló que el ministerio ya está haciendo relevamientos que abarcan a los planes de viviendas entregados. Y ha constatado cuáles son las casas que están deshabitadas o abandonadas. “Por ejemplo en las viviendas productivas ya sabemos quién es quién y fuimos avanzando con ese trabajo”, explicó.
Una vez que el Ministerio haya constatado incumplimientos y desadjudicado la vivienda, intimará al titular para que en 10 días la entregue libre de personas y muebles. Si ese plazo se vence, el Estado podrá ir a la justicia y pedir que en 72 horas le otorgue una tenencia provisional. En los casos en que la casa está deshabitada, él podrá tomar posesión para luego iniciar una nueva adjudicación.
El proyecto prevé sanciones ya que quien haya sido desadjudicado, no podrá inscribirse en un plan durante los siguientes 10 años.

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