Así lo confirmó a EL SIGLO el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, quien rechazó de plano la propuesta del Colegio de Abogados para que se habilite un sistema de audiencias públicas a la hora de seleccionar un nuevo integrante de la cúpula del Poder Judicial. Dijo que hacerlo implicaría violar la Constitución provincial.
El ministro de Gobierno y Justicia, Edmundo Jiménez, admitió ayer que implementar la medida propuesta por la entidad colegiada implicaría ir en contra de la Carta Magna, la cual faculta al Poder Ejecutivo a proponer los nombres de los integrantes de la cúpula del Poder Judicial para que la Legislatura preste su acuerdo.
"Hay una disposición constitucional muy clara que hay que cumplir y que, como tal, no depende de la voluntad política del Gobierno ni del requerimiento de un sector, como en este caso el CAT. Más allá de que la Constitución otorga potestad al PE para designar a los miembros de la corte, la misma Carta Magna establece un equilibrio entre los poderes del Estado, que no pueden delegar sus facultades", argumentó el funcionario, en diálogo con EL SIGLO.
El planteo de los abogados
A fines de la semana pasada, mediante una nota, dirigida al gobernador José Alperovich, el CAT sugirió que, a la hora de designar al reemplazante de Brito, se adopte un procedimiento similar al que se siguiera a través del decreto presidencial 222/2003 begin_of_the_skype_highlighting 222/2003 end_of_the_skype_highlighting para la selección de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Dicho decreto, que fue aplicado por el gobierno de Néstor Kirchner para designar a la actual vocal de ese Tribunal, Carmen Argibay, en 2004, ordena un procedimiento de consulta a la ciudadanía respecto a la capacidad técnica, la moral y el compromiso de los postulantes propuestos con el sistema democrático y con el respeto de los derechos humanos.
En este sentido, el instrumento permite a los ciudadanos (individual o colectivamente), a las entidades colegiadas y a las asociaciones que agrupan a sectores del ámbito profesional, académico o científico y a las organizaciones no gubernamentales con interés y acciones en el tema, hacer conocer en forma oportuna sus razones, puntos de vista y objeciones que pudieran tener respecto a la propuesta de nombramiento.
Además, la disposición presidencial establece que los postulantes a jueces supremos presenten una declaración jurada detallando su situación patrimonial y su actuación en el plano profesional durante los últimos ocho años.
Los integrantes del CAT: Eudoro Aráoz (presidente) y Jorge Contrera (secretario), justificaron su pedido señalando "la intención y el profundo deseo de que la persona designada, además de la correcta valoración de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos que lo hagan merecedor de tan importante función, goce de la consideración de la sociedad toda de nuestra provincia".
La respuesta del Gobierno
El Ministro Jiménez dijo que "en este caso la Constitución es clara y establece que el PE es el que propone y el Legislativo el que presta su acuerdo en el caso de los miembros de la Corte Suprema de Justicia". En este sentido, advirtió que "hacer lo contrario, sería violar la constitución, porque los poderes no pueden renunciar a sus deberes y atribuciones conferidas por la Carta Magna. Es como si se pretendiera que la Cámara proponga jueces para que el PE preste su acuerdo".
A la hora de reforzar los argumentos en rechazo al planteo de los letrados, el titular de la cartera política provincial recordó que "no está contemplada en la Constitución de Tucumán la posibilidad de hacer un sistema de audiencias públicas para elegir vocal de la Corte".
Por otro lado, Jiménez defendió la discrecionalidad que otorga la Carta Magna provincial al Ejecutivo a la hora de proponer los nombres de los vocales del Superior Tribunal de Justicia.
"La representatividad popular para determinar quiénes integrarán la Corte Suprema de Justicia está dada, como bien señala nuestra Constitución, en los poderes que intervienen en la selección. Esa es la mayor representatividad que existe en un sistema democrático, porque el PE y el Legislativo fueron elegidos por el voto popular", acotó.
La opinión del Parlamento
Por su parte, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales de la Legislatura, Antonio Raed, coincidió con Jiménez en que aplicar un mecanismo como el sugerido por el CAT "implicaría una violación flagrante al artículo 101 de la Constitución de Tucumán". Agregó que "si el PE se autolimitase en sus atribuciones, como hizo el Gobierno Nacional al aplicar el decreto presidencial 222/2003 begin_of_the_skype_highlighting 222/2003 end_of_the_skype_highlighting, estaría violando la Constitución".
En este sentido, el parlamentario alperovista recordó que "para la designación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, sabiamente, la Constitución de 2006 mantuvo el sistema tradicional, que es el Anglosajón Profesionalista y que establece que el Poder Ejecutivo propone y el Legislativo otorga el correspondiente acuerdo con lo cual se perfecciona el proceso de selección".
Raed defendió ese mecanismo señalando que "tratándose de la cúpula de otro poder del Estado, en este caso el Judicial, entran a jugar razones superiores de orden político que no dejan margen para que el Ejecutivo se autolimite en sus facultades a la hora de proponer a sus autoridades".
En cambio, recordó que "con el caso de los jueces inferiores la Constitución estableció que el PE sí se puede autolimitar y, de hecho, lo hace, atendiendo un dictamen del CAM que eleva una terna de postulantes para que de allí se elija a quien desempeñará como magistrado".
Especulaciones
Brito, quien tiene 60 años, presentó el pasado 7 de octubre la renuncia condicional a su cargo, por lo que su alejamiento se hará efectivo una vez que la ANSES le comunique el otorgamiento del beneficio del 82 por ciento móvil.
Mientras tanto, el magistrado seguirá desempeñándose en el cargo.
Según estimó días atrás el propio Alperovich, la vacante del todavía vocal de la Corte se producirá recién entre febrero y marzo de 2011.
Jiménez, si bien prefirió no arriesgar una fecha estimada, también consideró que "habrá que esperar un tiempo hasta que se produzca la vacancia y, en consecuencia, se proceda a elegir un reemplazante del doctor Brito, porque su renuncia es condicionada y no se hará efectiva hasta que no salga la resolución de la ANSES que confirme su acogimiento al régimen jubilatorio".
“Un gran avance institucional”
El ministro de Gobierno y Justicia, Edmundo Jiménez, consideró como un "gran avance institucional" la designación de cinco magistradas, quienes jurarán mañana en el cargo, convirtiéndose en las primeras en llegar al Poder Judicial tras superar los concursos de antecedentes y oposición del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM).
"Es muy importante e implica un gran avance institucional que se haya superado el tema de la designación de magistrados para poder comenzar a cubrir las vacantes en el Poder Judicial y que funcione el CAM, porque se estaba entorpeciendo la administración de Justicia", dijo Jiménez a EL SIGLO. El funcionario destacó que "el CAM resolvió los inconvenientes que se le presentaban, realizó las modificaciones que debía y ahora está funcionando a pleno y ya se están designando los primeros jueces. Esperamos que esto (la cobertura de los más de 30 despachos que todavía están vacantes) se haga con la mayor celeridad posible, para que tengamos una justicia plenamente integrada", concluyó.
Tal como informó este diario, mañana, a las 12.00, en el Palacio de Tribunales, asumirán Marta Paz de Centurión y Ester Valderrábano de Casas, quienes se desempeñarán en la Cámara de Apelaciones en Falimia y Sucesiones del Centro Judicial de la Capital. También jurarán Silvia Lescano de Francesco, Claudia López y Angela Martínez, quienes cubrirán las vacantes producidas en tres juzgados del mismo fuero.
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