Habrá audiencia en el amparo por los pacientes mentales

El Juez de Cámara en lo Civil y Comercial, Mario D`Jallad, dispuso que sea la asesora General de Incapaces de la Provincia quien prosiga con el trámite del amparo por los pacientes internados en dos instituciones psiquiátricas de Salta. Así también el magistrado convocó a una audiencia para mañana miércoles 17 a las 9 horas.
Participarán la Secretaria de Salud Mental de la provincia, Claudia Román Rú, Oscar Montiveros gerente del Hospital Dr. M. Ragone y la asesora General de Incapaces, Mirta Lapad, en representación de todas las personas incapaces internadas en el hospital Colonia Lozano.

El magistrado dispuso solicitar informes al presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia acerca del estado parlamentario de la ley de salud mental.

Legitimación

La Defensora Oficial 4, Natalia Buira, inició un amparo colectivo contra la provincia de Salta, Ministerio de Salud Pública, Secretaría de Salud Mental y Dirección del Hospital Ragone y Colonia Lozano para "que cese la vulneración de los derechos humanos fundamentales de los pacientes mentales internados en las dos instituciones psiquiátricas".

Lo hizo invocando el artículo 90 de la Constitución de la Provincia referido a la legitimación en el caso de la acción de amparo.

La defensora Oficial, carece de acuerdo al dictamen de la Procuración General de la Provincia, de legitimación legal y representación adecuada activa para interponer la acción.

Este dictamen se fundó en la competencia oficiosa por intereses difusos otorgada constitucionalmente al Ministerio Público Fiscal y no al Ministerio Público de la Defensa.

Intereses difusos

Respecto de la legitimación, recordó el Juez de Cámara en lo Civil y Comercial que "la Constitución y la ley, han puesto en cabeza del Procurador General la facultad de interponer acciones en defensa de los intereses difusos.

Puntualizó que la Defensora Oficial 4 "habiendo presentado su demanda invocando derechos individuales homogéneos, carece de legitimación extraordinaria que la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público le atribuyen al Procurador General".

Y apuntó que "Debemos asumir como cuerpo social, sin hipocresías, que bastante poco nos importó durante muchos, muchos años, la suerte de los pacientes mentales internados en el sistema público de salud. Ello no importa desmerecer sucesivas gestiones a lo largo de los años. Es una crítica, a gobernantes, y gobernados, sin exclusión alguna, declarándome comprendido."

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