Fórmulas mágicas, no. Fórmulas repetidas, sí. Desde el jueves saldrán a patrullar las calles de Mendoza 750 efectivos que actualmente realizan tareas administrativas. Sin embargo, además de las "figuritas" repetidas que surgen luego de cada crisis de seguridad, el ministro Carlos Aranda salió a militar una idea que ya causa polémica y que tampoco es original: que los fiscales puedan ejecutar allanamientos y habilitar escuchas telefónicas sin la previa autorización de un juez de garantías para "ganar tiempo".

Acompañado por su gabinete y la plana mayor de la Policía, dio a conocer la batería de medidas coyunturales que apuntan a combatir el delito y, sobre todo, la sensación de inseguridad. Al ministro no lo acompañaron el gobernador, Francisco Pérez, ni ningún otro miembro de la primera línea del gabinete. El dato no es menor si se tiene en cuenta que, luego de los asesinatos de Adolfo Moreno y María Lourdes Gordillo la semana pasada, Aranda quedó debilitado y hasta se habló de renuncia, lo que obligó a Pérez a salir a ratificarlo.

El proyecto para "flexibilizar" los allanamientos y escuchas telefónicas fue propuesto ayer a la tarde a la Bicameral de Seguridad (ver aparte), donde recibió críticas al igual que en el Poder Judicial. Para defender la iniciativa, el Gobierno se ampara en que existen antecedentes: en Córdoba, los fiscales están autorizados a allanar.

También apuntan que hace unos años el diputado radical Luis Petri ya propuso "otorgar la facultad a los fiscales en supuestos excepcionales para ordenar el allanamiento de morada". El proyecto de Petri agregaba: "La mencionada potestad está reservada a los supuestos de imposibilidad material de comunicarse con el juez de Garantías o bien ante el peligro de frustración de la medida por la dilación en el tiempo".

Este diario hizo un sondeo dentro del Poder Judicial, sobre todo pidiendo opinión a jueces de garantías, y lo cierto es que la idea cayó muy mal, a tal punto de acusar al ministro de "demencial" por "querer convertir el Estado en un Estado policial". Los magistrados consultados (que prefirieron reservar la identidad para no entrar en conflicto hasta tanto se presente el debate) aseguraron que "el fiscal no es garante de ningún derecho ya que su función es perseguir y aunque debe ser objetivo no es imparcial pues es parte del proceso", argumentó uno de los consultados.

"No puede resguardar las garantías ni velar por los derechos de los ciudadanos. El juez de garantías es una persona que no está contaminada con el proceso. Es demencial, sobre todo por la vulnerabilidad al derecho a la intimidad", expresó una fuente judicial, quien admitió: "La dirección de la policía criminal no la da el Gobernador sino la Corte de la Nación, que es excesivamente garantista".

Las dudas estaban en la posibilidad constitucional de avanzar con tal medida. Sin embargo, y según explicaron especialistas en el tema, "la Constituciones nacional y provincial, hablan de las internaciones en las cárceles pero no se detienen en los allanamientos. Es decir, no dice sí ni no, por lo que siempre se le puede buscar una vuelta legal para plantear la modificación. Así lo hizo Córdoba".

"Es absolutamente inoperante, inadecuado e improductivo", agregó otro juez consultado, quien acotó: "Si estás enrolado en el kirchnerismo, que es un partido sumamente garantista, no se pueden sacar este tipo de leyes que ni en la dictadura se tenían".

Aranda, para fundamentar su proyecto, se escudó en "los problemas que conlleva la espera de la autorización del juez de garantías" y dijo: "Raimundito, el imputado por el crimen del abogado Moreno, tenía un teléfono que podía ser estudiado pero por los tiempos judiciales se perdió esta posibilidad ya que el joven cambió el chip". Agregó: "El celular de María Lourdes Gordillo pudo ser revisado recién a las 24 horas del crimen por esperar la autorización del juez y de los herederos que estaban pasando el mal momento del velorio".

Junto a esta idea que lanzó el funcionario se abrochó la idea de crear una base de datos que concentre, además del prontuario del delincuente, los bienes y activos con los que cuenta para desfinanciarlos una vez que han sido detenidos con el objetivo de que dejen de operar.

Para seguir esa "ruta de dinero", el área de Inteligencia criminal trabajará de manera coordinada con la Dirección de Rentas y la AFIP. "Esto ya se hace en Chile donde, por ejemplo, a un narcotraficante se le confiscan los bienes", especificó el director de la Policía, Juan Carlos Caleri. La lluvia de críticas de la Justicia también apuntaron a esta idea. Los magistrados consultados aseguraron: "¿Qué tiene que ver si acá el problema no es el narcotráfico o el terrorismo? Quienes asesinan son, en su mayoría, jóvenes y adultos en estado de marginalidad".