Las enfermedades cardiovasculares causan en la Argentina el 32,9% de las defunciones, y la prevalencia de los síndromes coronarios agudos ha promovido mundialmente la optimización de la atención sanitaria y de los aspectos preventivos relacionados. Podemos aseverar que se ha progresado. El tiempo transcurrido hasta la práctica del primer electrocardiograma en pacientes con infarto agudo de miocardio en situación de emergencia se redujo de 18,9 minutos en el año 2000 a 10,2 minutos en 2003, en el Hospital Municipal de Urgencias de Córdoba.

(Hugo Ramos, Crit Pathways in Cardiol 2005;4: 187-192). Se avanzó en la educación e información sobre la aterosclerosis.

Argentina tiene una población de más de 40 millones habitantes localizada predominantemente en zonas urbanas (89,3%). Por ende, el ambiente epidemiológico en el que vinieron a morir los dos turistas (un hombre de Paraná, una mujer de Hurlingham, Bs. As.) no puede ser objeto de extrañeza. Sin embargo, la profusa difusión en los medios de comunicación alteró una supuesta paz sanitaria en una provincia donde abundan los casinos y en una ciudad -Carlos Paz- colmada de hoteles, teatros y empresarios de la noche, de vedettismo y otras misceláneas.

Lo acontecido (incumplimiento de la atención para una dolencia tratable) generó una apreciación reduccionista y arbitraria del Ministro de Salud de la Provincia. La suspensión inmediata y preventiva de los médicos no fue, acaso, fruto de una elevada sensibilidad y desmesurada respuesta a tenor de exculpación, obviándose la necesaria autocrítica de lo que en el pasado se hizo insuficientemente.

En lo agudo de la medicina de emergencias, se podría rebatir y debatir en el ámbito académico y/o público que se proponga que exista en el momento actual una Institución de la salud pública provincial y/o nacional en condiciones de tratar un paciente en shock con infarto de miocardio, y que disponga de la complejidad apropiada y de los elementos necesarios para una angioplastía, según lo aconseja el estado del arte en la materia.

Por el contrario, lo habitual es que las pretendidas camas de los cuidados intensivos o de las unidades coronarias, alguna vez inauguradas, vayan siendo desmanteladas a la manera de "desvestir un santo para vestir otros" porque no existe la renovación lógica de aparatos y la garantía de los servicios elementales e infraestructura. Y, qué podría decirse, también, en cuanto a las condiciones laborales de los especialistas de terapia intensiva al quedar expuestos, en términos de contrato, a la inestabilidad de sus ingresos sin descuidar la suficiente capacidad y experiencia en su tarea diaria.

Por eso, nunca serán vanos los esfuerzos en tanto se puedan impugnar esas miradas analíticas superficiales, tan de moda en estas épocas, de grupos interdisciplinarios (salud, seguridad, justicia, etcétera) que generan recomendaciones de hablar de lo que se sabe y con moderación.

En tanto muchas personas enfermas no reciben ningún tratamiento para sus dolencias ni están disponibles medidas preventivas eficaces. Se está careciendo, entonces, de la mejor autocrítica cuando nadie habla sobre la falta de centros de salud pública para la recuperación de enfermos con lesiones neurológicas crónicas (postraumáticas en los jóvenes, por apoplejías vasculares en mayores) o para el tratamiento de adicciones a las drogas, por ejemplo.

Cuando se está pensando con responsabilidad y debida importancia en los pacientes muertos y se quiere realmente evitar más muertes prevenibles, puede lograrse. Hace algo más de un año la morbi-mortalidad por el Dengue provocaba en el país las justificaciones de rigor ante la evidencia de publicaciones científicas que ilustraban fehacientemente sobre los elevados niveles de infestación por el vector Aedes Aegypti, desde hacía una década. Las medidas sanitarias y la debida información acabaron con la epidemia.

La salud y la enfermedad deben tener un lugar destacado cuando se hable sobre equidad y justicia social. Los funcionarios deberían atenerse a la realidad y armonizar los requerimientos sociales con honestidad, sin afanes extemporáneos, con el único fin de que todos los pacientes sean tratados del mismo modo, y cada uno en su diversidad. Las instituciones académicas y deontológicas médicas deberían dar su posición espontáneamente, ante la falta de respuesta a estas demandas sanitarias emergentes. Los tiempos de atención deben ser mejorados para prevenir y reducir la mortalidad estandarizando los cuidados, incluso en zonas rurales y regiones distantes. Por fin, el sistema podría beneficiarse de un mayor equilibrio en el reparto de los recursos, un debate crucial y necesario que debe abordar el Congreso de la Nación.

(*) Profesor de emergentología. Hospital de Urgencias. Facultad de Ciencias Médicas (UNC).