La asociación entre ambos casos se debe a que Agüero y Araniz fueron declarados culpables de haber desviado fondos públicos, entre 1999 y 2003, por casi un millón de pesos a través de dos cuentas corrientes de la tesorería del organismo. "Esto es igual. ¿Por qué las asociaciones pagaban con fondos públicos programas que eran del Estado como el Pro-Vida?, ¿por qué esos gastos no se hacían como cualquier otro, a través de expedientes administrativos?", se preguntó la fuente.

En la causa del IPAV la justicia comprobó que Agüero y Araniz pagaban con recursos públicos sus teléfonos celulares, que el primer se compró un sommier para su departamento del edificio Comahué, que se pagaron fiestas y regalos para los empleados y que se adquirieron cosas tan llamativas como anticonceptivos, pirotecnia, boleadoras, vinos caros (Luiggi Bosca), huevos de Pascuas, etc. Por eso en las distintas resoluciones se habló de "una evidente corruptela administrativa".

En el caso de los fundaciones truchas también es casi seguro que "saltarán" gastos superfluos y pagos a funcionarios por compras o servicios personales. Allí el juez Daniel Ralli busca saber cuáles fueron los destinos de los subsidios y aportes que el Ministerio de Bienestar Social -y especialmente la Dirección de Deportes- giró entre 1998 y 2003 a la Comisión de Apoyo al Albergue Provincial, la Comisión de Apoyo para el Fomento de Desarrollo y Actividades Deportivas y la Asociación Cooperadora para el Alto Rendimiento. Estas instituciones están vistas como "pantallas" para triangular esos dineros y evitar los controles del propio Estado.

El magistrado ya tiene en su despacho una pericia contable sobre esos destinos, un trabajo que puede constituirse en una prueba clave cuando decida si dicta procesamientos. Ese peritaje no está actualizado, sino que fue ordenado por el primer juez de la causa, Carlos Flores, en 2006. Si ahora Ralli lo solicitó y lo incorporó al expediente fue porque la jueza que sustituyó a Flores, Laura Armagno, dejó la investigación en el "freezer" durante más de dos años.

La causa tiene, por ahora, once imputados. Algunos fueron funcionarios y empleados de Deportes y del MBS. En el listado aparecen cuatro dirigentes de la Comisión de Apoyo para el Fomento de Desarrollo y Actividades Deportes, la presidenta Zoraida Parada, la secretaria Mary Acevedo, el tesorero Gustavo Cobos y Carlos Wiggenhauser. Los cuatro fueron indagados -como sospechosos de cometer un delito- hace cinco años y sólo éste último recurrió a un defensor oficial.

En la misma situación aparecen el presidente de la Comisión de Apoyo al Albergue Provincial, Juan Luis Verna, la tesorera Carina Villarías y Acevedo, también secretaria de esta entidad. También figuran los ex presidentes de la Fundación Hacer Pampeano, Daniel Jesús Morello y Hugo Bernardino Pereyra, la tesorera Liliana Mónica Italiani y el vocal Gustavo Díaz. Esta institución recibió 750.000 pesos durante la gestión marinista y fue utilizada para enviar plata en forma permanente al complejo turístico que la Provincia posee en Pehuen Co, muy cerca de Monte Hermoso, donde el encargado es el hermano de la ex subsecretaria de Promoción y Asistencia a la Comunidad, Elsa Labegorra.

Sin embargo, Ralli, por ahora, ha dejado a un costado a Hacer Pampeano y a la Fundación Patagonia Deportiva -cuyo presidente era el ex ministro Santiago "Patucho" Alvarez- para centrarse en las otras tres "fundaciones truchas". ¿Quién es el undécimo imputado? Sergio David, el ex director provincial de Deportes que fue condenado por enriquecimiento ilícito.