La Justicia autorizaría al Municipio a realizar la consulta popular este domingo para decidir su futuro en relación a la actividad minera. La iniciativa es impulsada por vecinos autoconvocados.
El tribunal debía resolver ayer un amparo que presentó la empresa estatal Cormine para evitar que se realice la consulta popular por considerar su convocatoria anticonstitucional. Según trascendidos, la medida cautelar habría sido rechazada.
El referéndum es impulsado por la Asociación de Vecinos Autoconvocados de Loncopué (AVAL), que presentó una ordenanza para prohibir, dentro de la jurisdicción del municipio, la explotación a cielo abierto de minerales de primera categoría, el empleo de técnicas de lixiviación con cianuro, ácido sulfúrico, mercurio y la acumulación de otras sustancias tóxicas similares.
Lo presentaron con la firma del 15 por ciento del padrón electoral. El Concejo Deliberante anterior lo rechazó pero, como es una iniciativa popular, se constató con juez de paz la legitimidad de esas firmas y se convocó a referéndum con la Ordenanza Nº 1054 para el domingo. Como no había un reglamento para realizarlo, se redactó y se aprobó. Están habilitadas para votar alrededor de 3.500 personas. Es obligatorio y vinculante.
El mes pasado, Martín Irigoyen, presidente de Cormine, presentó ante el TSJ una acción judicial para suspender el referéndum por considerarlo inconstitucional por varias razones. Según se sabe, de realizarse el referéndum y aprobarse la prohibición, la empresa estatal vería afectados sus intereses productivos en la zona.
La organización vecinal, junto con otras que apoyan su causa, brindarán hoy una charla en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) para debatir el tema de la minería.
El abogado de la AVAL, Cristian Hendrickse, señaló que prohibir la realización de la consulta popular vinculante significaría un precedente de democracia semidirecta que algún sector prefiere ahogar. Hasta última hora las partes no fueron notificadas pero los rumores corrían y comenzaban las celebraciones en la localidad.
La normativa se impulsó por AVAL luego de que se conociera un proyecto para explotar el cerro Tres Puntas, dentro del ejido municipal. En el proyecto se delimita el terreno por el arroyo Pichinco al norte, el Ranquilco y desde la margen derecha del río Agrio hasta cinco kilómetros hacia el oeste de él. Abarca casi 8 mil hectáreas.
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