El acto se realizó en la Jefatura de Policía y estuvieron presentes el subsecretario de Derechos Humanos, Hugo Figueroa; el jefe de Policía, Marcelo Pato, y los representantes del programa nacional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Cristina Fernández, Esteban Díaz y Jhonatan González. “La firma de este convenio implica una decisión política del gobernador Gerardo Zamora, de asumir la responsabilidad como Estado provincial, sin dejar de lado ni desconocer la tarea que vino desarrollando y lo seguirá haciendo Missing Children como Organismo No Gubernamental, pero dejamos en claro que es una responsabilidad indelegable de los Estados tener un registro oficial”, señaló Figueroa.

Explicó que por esta razón “es necesaria esta incorporación dentro de la política de infancia, trabajar por el derecho a la identidad, entendiendo no sólo la documentación, sino que ellos mismos vayan construyendo su identidad dentro del núcleo familiar. El hecho de que el niño, niña o adolescente, esté abandonado, extraviado o perdido es obligación del Estado de que vuelva a su núcleo familiar. Por eso se hará esta tarea con este registro provincial, para que los niños vuelvan a recuperar su identidad familiar”.

Aseguró que se trabajará “para que en forma articulada con la Nación se realice una tarea importante, por eso intervienen otras áreas como la Policía, Gendarmería y organizaciones civiles relacionadas a esta cuestión”.

A su vez, Fernández dijo: “Celebro que en Santiago del Estero la gente de Missing Children trabaje con el Estado, algo que no sucede en la Nación. Existió un vacío en los 90 que produjo que entidades civiles ocupen el rol del Estado, por eso, desde la asunción de un nuevo gobierno en 2003, pusimos en práctica acciones para recuperar ese lugar que el Estado nunca tendría que haber dejado, porque es una obligación estatal”. Explicó que el Registro trabaja con “niños, niñas y adolescentes que tienen menos de 18 años, quienes no son incapaces y son sujetos de derecho, porque en el país está vigente una Ley de Protección Integral, por lo que el 80 por ciento de la población con la que este registro trabaja son estos adolescentes que se van de sus casas por propia voluntad; es una situación que se registra en todas la provincias”.

Explicó que “son adolescentes que escapan de una situación que le provoca sufrimiento o dolor emocional o físico. Tiene que ver con una familia con lazos desarticulados, con padres sin trabajo o alcohólicos o situaciones de violencia, y no es casual que estos chicos, que hoy son los que se van de sus casas y pueden o no cometer o ser víctimas de delitos o vivir en las calles y ser adictos, hayan nacido en los años 90, en familias desmanteladas por el neoliberalismo, en esa época, con un Estado ausente que no los protegía”. “Por eso, las políticas que llevamos adelante en la actualidad tienden a devolverle al Estado un lugar importante en la protección de los sectores más vulnerados de la sociedad. Por eso estamos embarcados en esa reconstrucción constante y por eso firmamos este convenio, para trabajar en forma conjunta”, finalizó.