La norma recibió 39 votos positivos, 15 negativos y una abstención en el marco de la sesión ordinaria de la Legislatura, tras dos horas de debate, durante el cual la oposición cuestionó la reformulación del dinero obtenido a través de la emisión de títulos de deuda en 2009 y que servirían para la ampliación de las líneas A, B y H de subtes.

Ese endeudamiento, contemplado en la ley 3380 de diciembre del año pasado, permitió a la Ciudad a celebrar operaciones de crédito público por 380 millones de dólares para el pagar la extensión de las redes subterráneas.

Con ello, el macrismo impulsó el proyecto que posibilita a la Ciudad a reasignar esos fondos y utilizar 100 millones de dólares para que AUSA ejecute unos 24 pasos bajo nivel en torno a tres líneas ferroviarias que cruzan la Ciudad en un plazo de dos años, 50 millones para obras de mantenimiento urbano y los restantes 36 millones para infraestructura escolar.

"La ineficiencia de la gestión de Macri se vuelve a poner de manifiesto con este proyecto, que pretende usar el endeudamiento que votó la Legislatura para la ampliación de la red de subtes con otros fines", aseguró el diputado Gonzalo Ruanova, contrario a la ley.

"El gobierno de Macri está demostrando lo mal que utilizó los recursos al decir que la Ciudad tenía que endeudarse para las obras de subtes y las mismas recién van a realizarse en el 2013", dijo el legislador Martín Hourest.

Las obras previstas contemplan los pasos de las calles Arias, Iberá, Pacheco, Ceretti, Chivilcoy, Altolaguirre, Navarro, Varela, Deheza, Llavallol, Cuenca, Marcos Sastre, Empedrado, Besares, Zamudio, Burela, Soler, Holmberg, Donado, Moscón, Monroe, Manuela Pedraza, Crisólogo Larralde y Warnes En los argumentos, el Ejecutivo de la Ciudad explicó que "la existencia de una vía férrea que atraviesa una Ciudad constituye siempre una barrera arquitectónica que es necesario salvar, y el propósito de estas obras es, precisamente, el poder sortear dicho obstáculo y hacer más fluida y segura la comunicación entre ambos lados, tanto para vehículos como para personas".

"Más allá del desarrollo urbanístico que significa la realización de obras para facilitar la interconectividad entre las distintas áreas de la ciudad, mejorar el desplazamiento entre y por las vías secundarias y facilitar la integración de éstas con la red de autopistas, estas obras otorgarán un notable avance en materia de seguridad vial", aseguró el diputado Alvaro González.

Asimismo, la ley sancionada prevé la utilización de 50 millones de dólares para el Plan Previal, que contempla tareas de bacheo y pavimentación, la ejecución de obras de remodelación y mantenimiento de calzadas y de mejoramiento de los niveles de servicios y mantenimiento de las vías de tránsito vehicular.

El proyecto también prevé la utilización de los restantes 36 millones de dólares para obras inconclusas en edificios escolares con deterioro en su infraestructura, algo que sorprendió a algunas fuerzas de la oposición que no estaban al tanto de esta inclusión en el proyecto original que fue discutido en la Comisión de Presupuesto.

El legislador Sergio Abrevaya, de la Coalición Cívica, no respaldó la ley y explicó su negativa en que "el monto pone en riesgo a AUSA y esta operación nace de la impericia del Ejecutivo al colocar todos los bonos cuando no tenía capacidad de ejecución".