Dos despachos, uno por mayoría y otro por minoría, fueron emitidos este martes por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura para la regulación del Servicio de Seguridad Privada y la utilización de sistemas de alarmas.

Los diputados que integran dicha comisión reanudaron el fuerte debate que se había generado entorno a un punto muy polémico: si el personal de las empresas de vigilancia pueden o no portar armas de fuego durante su actividad.

El despacho por mayoría, que autoriza la portación de armas, fue suscripto por el MPN, Opción Federal, Servicio y Comunidad y el diputado Marcelo Inaudi –UCR-.

En tanto, el de minoría –que prohíbe la portación de armas de fuego- contó con el acompañamiento del PJ, Alternativa Neuquina y Eduardo Benítez –UCR-. De esta forma, la comisión mantuvo la redacción de los despachos aprobados en la comisión G. En ese sentido, José Russo -MPN- adelantó que la discusión de la norma tendrá lugar en el recinto al estar contempladas las dos posiciones.

Según el parte de prensa de la Legislatura, durante la reunión, Inaudi realizó un breve informe sobre legislación comparada y consideró necesario incluir cambios en el debate en particular para restringir el uso de armas de fuego. Destacó el ‘caso’ de Chubut y pidió tener en consideración un párrafo que autoriza la portación sólo al personal que se dedique a la custodia de bienes y establecimientos financieros y que restringe su posesión al interior de los predios a vigilar o durante la custodia de traslado de valores. Afirmó que la referencia permite unificar criterios respecto al tema en controversia. También señaló pertinente tomar en consideración la disposición del Banco Central, que en horario de atención al público prohíbe que agentes de seguridad porten armas. Al respecto, se pronunció a favor de implementar una cláusula similar en centros comerciales con gran asistencia de público.

Otro de los temas en discusión fue la actual ingerencia de la ley nacional en el proceso de autorización de tenencia de armas y la falta de controles a nivel provincial por no tener una normativa propia que reglamente el sector. Russo observó la imposibilidad de ignorar las facultades que otorga el RENAR respecto a la habilitación de permisos para portar armas y aseguró que la intención no es ignorar sus disposiciones, sino reglamentarlas en el plano provincial. En ese sentido, alertó que en Neuquén brindan servicio delegaciones de empresas nacionales que se amparan en la ley nacional.

Horacio Rachid –Opción Federal- aclaró que por carecer de una norma provincial “hoy no sabemos quienes son los dueños y quienes componen” las empresas de seguridad que trabajan en la provincia. Al hablar sobre los límites para poder portar armas de fuego, manifestó la conveniencia de dejar ese punto para que lo defina el Ejecutivo al momento de la reglamentación.

Sobre ese tema, Daniel Baum –Servicio y Comunidad- se expresó a favor de incorporar el aporte de la legislación de Chubut incluirlo y no esperar a que el Ejecutivo lo incorpore al momento de la reglamentación, porque –justificó- desde el trabajo legislativo “no vamos a dar un cheque en blanco”.

Por su parte, Miguel Guidali –PJ- dijo estar en contra de autorizar a empresas de vigilancia privadas de portar armas de fuego y advirtió sobre la posibilidad que incorpora la norma de otorgarle a un ente nacional la facultad de regir la ley provincial. Denunció que la delegación de esa facultad abre la posibilidad de que empresas privadas nacionales puedan utilizar armas al amparo de la legislación nacional. A su turno, su par de bloque Ariel Kogan, justificó su apoyo al despacho por minoría al explicar que el ‘monopolio’ del uso de la fuerza debe quedar en manos del Estado y que a nivel local es necesario prohibir o limitar al máximo la utilización de armas de fuego por parte de civiles.