Es la empresa distribuidora más importante del país. El proceso fue pedido un mes atrás por la compañía ante la imposibilidad de afrontar el pago de sus deudas comerciales y financieras.
El juzgado nacional de primera instancia en lo comercial N°26, que tiene a su cargo el proceso, calificó al procedimiento como “gran concurso” y designó una sindicatura plural conformado por tres síndicos con la ampliación de algunos plazos del período informativo.
Los estudios designados son López Santiso, Alanis y Asociados, Palacio - Finocchio y Asociados y Carreiro, Harvey & Asociados.
Los acreedores tendrán tiempo hasta el 21 de febrero del próximo año para presentar al síndico su pedido de verificación de acreencias.
La jueza María Cristina O’Relly, a cargo del juzgado interviniente precisó que el pasivo denunciado de la distribuidora ascendería a 1.318 millones de pesos y se ha denunciado la emisión de dos series de obligaciones negociables por un monto original de 978 millones de pesos y que actualmente trepa a 1.011 millones de pesos.
La magistrada, decretó la inhibición general de Metrogas para disponer o gravar sus bienes , la intimó a depositar 8 mil pesos para cubrir los gastos de correspondencia y determinó además que el presidente de la empresa, el vice y los directores no podrán ausentarse fuera del país por más de 40 días sin autorización judicial y deberán informarlo al Tribunal si viajan por un lapso de tiempo menor.
La semana pasada, la distribuidora de gas controlada por British Gas y la hispano-argentina Repsol YPF había apelado la intervención por 120 días dispuesta por el Gobierno, a quien culpa de su deterioro financiero ante la falta de actualización en las tarifas, congeladas desde hace once años.
A su vez, el Gobierno afirmó que no renegoció el contrato con MetroGas porque ésta no retiró una demanda contra el Estado argentino ante un tribunal arbitral internacional por el congelamiento tarifario.
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