El episodio que pareció amenazar con una salida anticipada del ministro de Economía, Martín Guzmán, fue dado por terminado por el principal concernido, y también por el presidente, Alberto Fernández, que tras cerrar una semana exitosa en sus negociaciones con países europeos significativos para acordar una postergación de pagos con el Club de París y el FMI, es capaz de hacer múltiples concesiones al catedrático de Columbia.

PUBLICIDAD

El titular del Palacio de Hacienda da por descontado que el subsecretario de Política Energética, Federico Basualdo, rebelado contra su autoridad tras impedir un aumento en las boletas de luz que pagan los consumidores residenciales, dará un paso al costado en las próximas semanas cuando el presidente resuelva la interna abierta en el Frente de Todos con el sector cercano a Cristina Kirchner.

Pese al "estado zen" con el que se lo ve pública y privadamente, las esquirlas del conflicto obligaron al ministro a recalcular la política tarifaria. No solo demorada por la lucha intestina, la progresiva suba de tarifas, que defiende a capa y espada, ahora será dilatada más de la cuenta, y segmentada para distribuir el peso de la carga en los sectores con capacidad de pago y más veloz recuperación de la crisis sanitaria. 

Guzmán camina tan aferrado a su libreta roja, que lleva a todos lados, como a la programación fijada a partir del Presupuesto 2021. "Tenemos que gestionar aquellos que planeamos", suele decirle a su equipo. Y lo que más le importa es ejecutar aquello que se propone. Aunque también le signifique caminar por la cornisa y exponerse a una caída si soplan torrentes kirchneristas.

 El quid pro quo que propone Guzmán es simple: continúa la suba de tarifas, pero con segmentación y sin golpear a los consumidores que patalean para mantener la cabeza por encima de la vara de pobreza que fija el Indec.   

Años atrás, el mismo intento a cargo de Julio De Vido tuvo un rotundo fracaso. Ahora, el Estado cuenta con más "instrumental" a través de la ANSeS, sobre todo a partir de haber elaborado una política de transferencia de ingresos durante la pandemia, cuyo destaque fue el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), y que permitió conocer a más de tres millones de argentinos que no cobran planes, ni laboran en la formalidad. 

Por todo eso, el equipo del ministro no zozobra cuando dice que "quiere lo mismo" que Oscar Parrili, es decir, mantener una transferencia de ingresos para los golpeados de la pandemia. Como un mantra, insiste en querer "un rol expansivo del Estado" y "al mismo tiempo ir poniendo cuentas en orden", indispensable para bajar la inflación de modo gradual.