Una avanzada de los intendentes que estuvo a punto de concretarse hace dos años atrás, sino fuese por la traba que le puso Scioli a ese anhelo en la navidad del 2009, cuando vetó parte de la reforma política aprobada en Legislatura que ampliaba el número de Diputados a 100 bancas, y llevaba la cantidad de habitantes del senado al medio centenar. La excusa oficial del Gobernador de plantear esa discusión “en Legislatura y en el partido más adelante, dentro de un marco que no signifique un aumento del Presupuesto de las Cámaras”, tuvo una salida elegante de tinte formal que despertó sospechas en el Palacio Legislativo: la mayoría necesaria para readecuar la representatividad. Un mandato que, según los fundamentos del Veto del Ejecutivo, no se cumplió tal como la ley manda en la aprobación del Senado.

Los Diputados siempre sospecharon que fue un acuerdo entre el Gobernador y las autoridades del Senado. Aquellos demandaban a sus pares de la Cámara Alta correspondencia por la aprobación de leyes que éstos reclamaban, y los senadores cumplieron, aunque dejándole la hendidura formal a Scioli para vetar parcialmente la reforma política en ese artículo, alegando la falta de mayoría necesaria para promulgarla, por la manera en que se votó en el Senado.

La Ley electoral vigente en la Provincia de Buenos Aires, data de 1946. Ajustándose a la población radicada en el territorio por entonces, la norma asignó 84 bancas para los Diputados y 42 para el Senado. Quince años después, se reformó ese artículo determinando la conformación actual de 92 Diputados y 46 Senadores. Desde entonces, la representatividad se mantiene pese a que la población creció considerablemente, sobre todo en algunas de las secciones electorales que son las que reclaman, insistente, reactualizar la conformación legislativa.

La Reforma política que vetó parcialmente el gobernador aquella vez, elevaba la cantidad de bancas de Diputados de los 92 actuales hasta los 100; y del Senado a 50 escaños. Y beneficiaba a la región Capital ampliada, a la que le abría la puerta, además de a las más pobladas Primera y Tercera del Conurbano y a la Quinta de la Costa Atlántica. El veto del Gobernador que dejó la integración tal como sigue actualmente, genero bronca en algunos caciques del Conurbano que quedaron en la puerta de ver concretado un viejo reclamo.

El guiño del vicegobernador Gabriel Mariotto a debatir otro viejo reclamo de los distritos que integran la Región Capital reunificándose en la Octava –que pasaría a integrarse con cinco distritos vecinos más a la Capital Provincial- reabrió la discusión en torno a la representatividad de las secciones electorales. Según trascendió, la aspiración de los nuevos-viejos socios es aumentar la representatividad que actualmente tiene la Octava al menos en dos bancas en la Cámara Baja, y una más en el Senado.

Así, el proyecto que podría parir el reinicio de las negociaciones en ese sentido, que ahora cuentan con el aval del Vicegobernador, incluiría la mención de llevar a 8 las actuales 6 bancas que le corresponden a La Plata en Diputados, y a 4 las que hoy por hoy tiene en la Cámara Alta. Cabecera por peso electoral en comparación con sus nuevos integrantes, la Capital Provincial pretende, además, conservar las que actualmente le corresponden y dejar las ‘nuevas’ bancas a crearse para el resto de los nuevos integrantes.

Ayer, en diálogo con INFOCIELO, algunos intendentes del Conurbano anticiparon que de avanzar en ese sentido reflotarían el reclamo de subir, ellos también, el número de sus integrantes. Algo que –se descarta- también haría la Quinta Sección electoral demandando readecuar la norma modificada por última vez hace 50 años.

La reabierta discusión tiene un Pro y una Contra para los que demandan que se escuche el viejo reclamo: hay un censo –que en 2009 Scioli no tenía- para justificar la proclamada mayor representatividad que, por imperio del peso poblacional, reclaman en el Conurbano; pero se enmarca en épocas de vacas flacas en términos presupuestarios.

Con una Provincia con síntoma de crisis financiera y un alto rojo fiscal, avanzar en ese sentido podría caer mal en el electorado, que suele analizar este tipo de pulseadas políticas con el bolsillo, reprochando "el costo" que significaría para las arcas públicas. Sobre todo en momentos en que se discuten salarios con porcentajes de aumentos bajos alegando justamente la imposibilidad de hacer frente a la demanda de los sindicatos. Aunque, claro, para aplicar la eventual nueva estructura de la Legislatura, falten todavía dos años.