En sintonía. El Tribunal de Contralor no cuestionará al Ejecutivo municipal por sobregirar en descubierto más allá de lo permitido por ordenanza, e hizo suyo los argumentos esgrimidos por el Gobierno para justificar la medida: la “confusa redacción” de la norma aprobada por el Concejo.

En su descargo, el intendente Omar Goye explicó que la ordenanza -2274- presenta “ambigüedades”, y que no especifica ni el límite temporal de la autorización, ni la base de cálculo para la autorización del 2,5 por ciento del presupuesto vigente. En diálogo con ANB, había justificado así que, durante el mes de enero, la utilización de ese mecanismo financiero se hubiese excedido en unos 800 mil pesos, por sobre lo permitido por los ediles.

En coincidencia con esta mirada, el Tribunal de Contralor apuntó contra la normativa ya que no especifica si el porcentaje “es diario, mensual o trimestral, estando entre las posibilidades que el límite corra para todo el periodo –de tres meses-sin excepción”. Con ánimo justificatorio, el organismo conducido por la justicialista Daniela Núñez explicó -en la Resolución Nº 9- que “se puede interpretar que al porcentaje del 2,5 % del total del presupuesto vigente se le puede sumar el 1% del total de los recursos del presupuesto vigente, resultando de esta forma un importe mucho mayor al que el departamento Ejecutivo podría estar autorizado para girar en descubierto”.

Así, para el Tribunal es “inviable” la aplicación de sanciones por el sobregiro ya que “no se ha cometido un perjuicio al erario público”.

Esta misma semana, la titular del organismo de control emitió otro gesto hacia el Ejecutivo: entendió que corresponde el pago retroactivo a funcionarios, aunque no hayan estado designados formalmente, ni sus cargos creados por Organigramal Tribunal planteó que no es clara la ordenanza en cuanto al límite temporal y la base de cálculo del permiso para girar en rojo. Coincidentemente, Omar Goye, en diálogo con ANB, había criticado los términos “confusos” de la ordenanza. En otro tema, también la Presidenta del Contralor había avalado la actuación del Ejecutivo: el pago retroactivo a funcionarios.