El legislador chubutense participó ayer de la reunión de la Comisión Bicameral del Trámite Legislativo, que avaló la validez jurídica de cinco decretos de necesidad y urgencia dictados por la presidente Cristina Fernández, entre ellos decretos de reasignación de partidas presupuestarias, otro sobre medicina prepaga y el mencionado decreto sobre préstamos al sector pasivo, que fija que el costo financiero total de la operación no puede exceder en hasta 5 puntos la tasa mensual del Banco Nación.

Actualmente esa tasa es del 22,93% para créditos de hasta 12 meses, del 27,85% para los de 24 meses y del 30,80% para 36 meses. A esos valores se pueden agregar hasta 5 puntos. El DNU también autoriza al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS a otorgar créditos a los jubilados “por hasta un máximo del 20%”, bajo las modalidades y condiciones que establezca la ANSeS. El 20% del FGS suma más de $ 40.000 millones.

“Este es un viejo anhelo que venimos planteando desde 2004, que afortunadamente ahora tiene una respuesta que aspiro permita desmontar un esquema absolutamente usurario que durante años lucró con las urgencias y limitaciones del sector pasivo”, remarcó Guinle.

“Veo con sorpresa que en su afán por oponerse a cualquier medida que impulse el Gobierno, algunos medios dominantes agitan el fantasma de la pérdida de puestos de trabajo que podría causar la medida en las entidades de préstamos. Creo que no merece mayor análisis: ¿a quién se le puede ocurrir priorizar la actividad de la usura sobre la defensa del bolsillo de los jubilados?”, se preguntó.

“Se instalan con liviandad títulos que hablan de hegemonía, de falta de control, de escribanía del gobierno. No entienden que la mayoría de los argentinos señaló un rumbo, poniendo a muchos en su lugar y demostrando la verdadera representatividad de los que se arrogan la defensa de la institucionalidad y repiten argumentos interesados”, destacó.

“Es una buena medida, que requiere un seguimiento y control permanente, por parte de la ANSES, el INAES, la Afip, la UIF y el Banco Central, a fin de poner fin a esta verdadera estafa que durante años ha afectado a nuestros jubilados y permitió un esquema de tercerización e intermediación de fondos”, finalizó.