El diputado por Unión Celeste y Blanco dialogó con REALPOLITIK sobre su proyecto de ley que será discutido esta semana en Senadores, y que propone la creación de las policías comunitarias. Al respecto, el ex comisario General de la policía bonaerense, Guillermo Britos, señaló que “para nosotros, las cinco patas de la seguridad son la Justicia, el poder ejecutivo, el legislativo, el sistema carcelario y la comunidad” y aseguró que “lo que no puede delegar la provincia es el manejo de la seguridad”.
Dicen que hay otro proyecto de la senadora radical Malena Baro, pero no lo hemos visto. Los que nos invitaron al debate nos dijeron que hay un cuarto proyecto. Los tres que están hasta ahora en la Cámara, que son los visibles, son el del gobernador Scioli -que es para municipios de 70 mil habitantes en adelante-, el de Saín y el mío. Tal vez para el martes 14 ya está presentado el de Baro.
RP.- ¿Cuál es el rol del ministerio de Justicia y Seguridad en su proyecto?
Nosotros planteamos que los 135 municipios tengan jefaturas distritales dependiendo de sus jefaturas departamentales y de sus superintendecias, pero con dependencia orgánica del ministerio de Seguridad y de la gobernación. Es totalmente contrario a lo que plantea Saín, que deriva a los 135 intendentes la jefatura policial de cada distrito y disuelve lo que sería la policía de seguridad provincia.
RP.- ¿También participarían los foros de seguridad vecinales?
Por supuesto. Para nosotros las cinco patas de la seguridad son la Justicia, el poder ejecutivo -tanto municipal como provincial-, el poder legislativo, el sistema carcelario y la comunidad. La comunidad tiene que estar representada; donde se pueda por los foros vecinales que han sido formados, y donde no se pueda por las instituciones intermedias. Cada comunidad es distinta y tiene distinta representación. A mí me ha tocado la Cámara de Comercio de Necochea, por ejemplo, donde se preocupaban, se reunían, se convocaba a las fuerzas policiales. Y en Mar del Plata por ejemplo los foros vecinales son importantes. Son distintas las situaciones pero la comunidad tiene que estar representada sin ninguna duda en un plan de seguridad.
RP.- ¿Por parte de quién correría el financiamiento?
El financiamiento tanto de sueldos como de recursos es de la provincia de Buenos Aires. Ahora, en el decreto reglamentario se va a establecer un reclutamiento para la policía comunitaria para el intendente que quiera. En este caso tendría que sumar recursos en lo que sería el nuevo personal que ingrese en la policía comunitaria. Pero eso es del decreto reglamentario.
Todo el financiamiento de personal que integra las policías tanto distritales como comunales -que si nuestra ley se aprueba van a ser policías distritales- va a ser con recursos de la provincia de Buenos Aires
RP.- En el marco de crisis económica que atraviesa la provincia, ¿se requiere una inversión extra para modificar estas estructuras en la seguridad?
El personal sigue siendo el mismo, solamente se cambia el nombre. Es más, sería más barato para la provincia porque hoy las policías comunales, por ley, tienen asignado el doble de combustible y el doble de caja chica que las policías distritales. Esto unificaría el sistema. Hay municipios como Tigre o San Isidro que han mencionado que ellos estarían en condiciones de sumar personal policial convocando, reclutando y formándolos desde la municipalidad. Bienvenido sea todo lo que cada intendente pueda hacer para el sistema de seguridad. Lo que no puede delegar la provincia es el manejo de la seguridad.
La seguridad es una cuestión provincial. Hay situaciones como el narcotráfico, la banda de piratas del asfalto, el robo en las zonas rurales, exceden al municipio. Lo mismo que las bandas que roban en el conurbano, en San Martín, en Vicente López, en Tres de Febrero. No puede ser esto manejado desde distintos municipios y que sea autónomo, y que se deslinden de los municipios vecinos cuando esto está claro que se divide por una avenida.
RP.- ¿Cómo se plantea la carga horaria del personal policial?
En el caso de la policía comunal se establecía que había que abandonar el horario de 24 horas por 48 que se lleva a cabo en la municipalidad y nunca se abandonó. El personal policial trabaja 24 horas de servicio por 48 horas de franco, pero en esas 48 horas debe hacer horas Cores y adicionales. Esto genera que se trabaje mucho más que las 8 horas diarias que establece la reglamentación para cualquier trabajador.
Nosotros proponemos que se trabaje en tres turnos de 8 horas y que las 4 horas de recargo que el personal pueda hacer voluntariamente -porque las cobra aparte-, se sumen a este sistema de seguridad. O sea que va a haber mayor personal de seguridad y no va a estar tan recargado el horario. Si se lleva a cabo de forma eficiente, si se controla que se cumpla, y el personal está descansado, va a ser más eficaz que el que hay hoy que los vecinos se quejan que el personal está en horario nocturno detrás de las estaciones de servicio, que los patrulleros no se ven. Con un control eficiente va a haber mucha más presencia policial con nuestro sistema, que con el actual.
RP.- Por último, ¿se trata esta semana la ley de Reescalafonamiento?
Hay una promesa de los senadores de tratarla el 16 aunque no tenga el dictamen de Presupuesto. Ojalá que de una vez se cumpla para que de una vez por todas se le devuelva los derechos que le fueron quitados al personal. Hay una promesa del presidente de la Cámara de Senadores -del vicegobernador-, de tratarla el 16.
Hay 14 mil policías que están afectados, cobrando la mitad que lo que deberían estar cobrando. Y es una realidad que todos queremos que nos respeten nuestros derechos.


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