“Mientras desde el Gobierno hacemos una interpretación extensiva, Martínez de Sucre la hace restrictiva al razonar que la prohibición a la que hace mención la Ley sancionada alcanza solamente a la explotación de recursos hidrocarburíferos y pesqueros, y no a los recursos turísticos”.

El jefe de Gabinete de la Provincia, Guillermo Aramburu, discrepó con las fundamentaciones expresadas por Fiscal de Estado, cuando en su escrito éste razona que la prohibición a la que hace mención la Ley sancionada alcanza solamente a la explotación de recursos hidrocarburíferos y pesqueros, y no a los recursos turísticos.

En diálogo telefónico con EDFM, el Jefe de ministros sostiene que Martínez de Sucre hace “una interpretación restrictiva” de la Ley “en contraposición a lo que él interpreta que lo nuestro (por el Poder Ejecutivo) es extensiva”. Por eso “no comparto lo que dice el Fiscal del Estado, lo veo de una manera distinta”.

Ampliando su posición sostiene que de la Ley 852 (Gaucho Rivero), “en ningún lado surge, que se remita estrictamente a los recursos que él dice que ahí dice”. “La ley no dice que sean ictícolas, ni hidrocarburíferos, ni nada. Hay que ir a una interpretaciones histórica contextual al respecto”, dice. Y para ello se apoya en que no hubo “debate parlamentario”, de lo que asegura también “reconoce el Fiscal”.

Aramburu fundamenta además, sobre la nota de Virgilio Martínez de Sucre, que “él se basa en que supuestamente los legisladores debieron haber tenido en cuenta los argumentos del bloque que planteó la nota de presentación que había remitido un grupo de personas pidiendo lo que era una resolución de Cámara; que ni era un proyecto de Ley”. Y agrega: “Como Poder Ejecutivo tengo procedimientos para interpretar una Ley. Y el Procedimiento es el texto literal de la Ley como primer punto. Como segundo punto, si tengo una duda sobre la interpretación de la Ley, voy al debate parlamentario, la voluntad del legislador, qué quiso decir el legislador cuando dijo tal o cual cosa. Debate que no hubo en este caso en particular. Y esto también lo reconoce. Solo que a diferencia de nosotros, el considera que los argumentos que vertieron las personas que presentaron el proyecto de resolución, debió ser entendido por nosotros como un argumento a las resultas de la ley”.

De igual modo e interpretando lo que ordena la Ley N° 3, Aramburu opina que no se necesitaba “la intervención de nadie, previo a la publicación”. Porque si bien entiende que esa Ley indica, que “hay que darle intervención al Fiscal de Estado para que emita su opinión”, esta “no es vinculante. O sea, que si el Ejecutivo quisiera, la publica igual y el Fiscal de Estado en todo caso lo judicializa”, razona.

Pero como se está “frente a un tema bastante complejo y el Fiscal de Estado aduce la eventual contraposición con la política exterior que lleva la República Argentina, consideramos prudente que antes de cualquier cosa, remitirlo a la Cancillería Argentina”, agregó.

Para reformar las diferencias de criterio de su razonamiento jurídico y la de Martínez de Sucre, Aramburu reiteró de manera permanente que “a juicio del Fiscal de Estado la interpretación que hace el Poder Ejecutivo es extensiva, y a juicio del Poder Ejecutivo, la interpretación del Fiscal de Estado, es restrictiva”.

Finalmente, el Jefe de Ministros sostuvo que si no hubieran ido en consulta a Cancillería, y al margen de la opinión del Fiscal de Estado, “el gobierno publicaba el decreto y seguía aplicando la Ley como la vino aplicando hasta ahora”. De todas maneras aclaró que frente a esta situación “no va a publicarse el decreto reglamentario”, hasta que se posea “una respuesta de Cancillería”.